5 mar 2010

La ADC reclama que se garantice el aborto legal a la niña violada en Chubut

La ADC advirtió, a través de una presentación escrita, que el Poder Judicial no debe obstaculizar el acceso al aborto en los casos expresamente permitidos en el Código Penal y que encuentran fundamento en el derecho internacional de los derechos humanos.

(Buenos Aires, 4 de marzo de 2010) - La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un amicus curiae (escrito para aportar argumentos al tribunal que decide en una causa judicial) para apoyar la interrupción legal del embarazo de una niña de 15 años en Chubut que fue violada por su padrastro. La realización del aborto había sido rechazada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil de Comodoro Rivadavia y ahora deberá resolver el caso el Superior Tribunal de Justicia provincial.

De acuerdo a las disposiciones del Código Penal, el aborto no es punible (al realizarlo no se comete un delito) en los casos de violación, ni cuando está en peligro la salud o la vida de la mujer embarazada. En su escrito, la ADC advirtió que esta es la única lectura posible de la norma penal a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, y especialmente, de los derechos humanos de las mujeres. El Estado Argentino tiene, en estos casos, la obligación de garantizar el acceso a un aborto en condiciones de seguridad, bajo riesgo de incurrir en responsabilidad internacional.

El caso de Chubut encuadra en ambos supuestos de permiso previstos en el Código Penal. Se trata de una niña violada por quien, desde una muy corta edad, ocupa el rol de padre. Además, la niña ha manifestado no querer seguir viviendo si se la obliga a continuar el embarazo, lo que da muestras del daño a la salud psíquica que esto le ha producido.

Antecedentes del caso

Según se desprende de la denuncia realizada, la niña sufre desde los 11 años, reiterados abusos sexuales por parte de la pareja de su madre. El imputado de la violación es un suboficial mayor de la policía de Chubut. La madre de la niña decidió solicitar autorización a la justicia para que la práctica fuera realizada en el sistema público de salud y de ese modo resguardar el material genético para probar la violación

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