LAS HERAS: PROCESARON A DOCE POLICÍAS DE SANTA CRUZ POR APREMIOS ILEGALES

LA JUEZA RUATA DE LEONE RESPONSABILIZÓ A EFECTIVOS DEL GRUPO DE OPERACIONES ESPECIALES POR LA GOLPIZA QUE RECIBIERON LOS PRIMEROS CINCO DETENIDOS POR LA MUERTE DEL POLICÍA SAYAGO EN LAS HERAS MIENTRAS ERAN TRASLADADOS A PUERTO DESEADO.

El 24 de febrero a la noche, la policía de Santa Cruz acababa de detener a cinco vecinos de Las Heras y se disponía a trasladarlos al lugar de detención: la alcaldía de Puerto Deseado. Había que recorrer 400 kilómetros para llegar a destino. Los detenidos –dos petroleros, un aficionado a la caza, un delegado municipal y un ex puntero del PJ– estaban imputados por el crimen del suboficial Jorge Sayago. El traslado quedó bajo responsabilidad del cuerpo de Infantería. Los presos salieron indemnes de Las Heras, pero cuando arribaron a Puerto Deseado apenas se podían mantener en pie. Habían recibido tantos golpes que el comisario del lugar ordenó que les pusieran inyecciones para prevenir que cayeran en un estado grave.
Los padres de Alexis Pérez, uno de los presos, fueron los primeros en hacer la denuncia.
Ayer, un mes y medio después de aquel traslado, la jueza Graciela Ruata de Leone procesó a doce policías por el delito de “apremios ilegales”.Los doce efectivos pertenecen al Grupo de Operaciones Especiales de la policía santacruceña. Sus nombres son Jesús Amoroso, Diego Agüero, Cristian Acosta, Ovidio Zurita, Augusto Andrade, Manuel Robles, Luis Pérez, Ricardo Muñoz, Marcelo Zambrano, Marcos Benítez y José Cerpa. Todos fueron procesados por apremios ilegales, aunque la jueza no les dictó la prisión preventiva. También procesó al comisario Horacio Herrera por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Herrera estaba a cargo del transporte de los cinco presos hasta Puerto Deseado.
La decisión no conformó a la abogada Claudia Ferrero, defensora de tres presos y vinculada al Partido Obrero. “No fue sólo el GOE el que aplicó torturas. Hace unos días, un grupo de familiares le entregó al secretario de Derechos Humanos de la provincia, Alberto Marucco, un listado de los miembros de la Brigada de Investigaciones que hicieron apremios ilegales durante la investigación del caso”, dijo la letrada.
La jueza dispuso los procesamientos en el marco de una investigación iniciada hace aproximadamente un mes. La causa se abrió a partir de una denuncia presentada por el jefe de la policía provincial, Wilfredo Roque. Se trata de un amigo personal del Presidente; llegó a ese cargo por influencia del propio Kirchner tras el acuartelamiento de la fuerza a fines de 2005. Roque se presentó ante la Justicia luego de que los mendocinos Armando Pérez y Violeta Gómez, padres de uno de los cinco presos, presentaran una denuncia por apremios ilegales. El hijo menor del matrimonio, de 14 años, había sido detenido en los allanamientos del 24 de febrero. Estuvo recluido un fin de semana, luego recuperó la libertad. La detención del menor irritó a un sector de la comunidad de Las Heras. En aquella denuncia, el matrimonio relató cómo los cinco imputados fueron hostigados en el trayecto hasta Puerto Deseado. Los presos eran Pérez, Darío Catrihuala, Ramón Cortez, Juan Pablo Bilbao y Juan Domingo Bilbao.