La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apoyó el proceso de justicia por los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina y solicitó al gobierno nacional las medidas necesarias para garantizarlo. El director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, manifestó “la necesidad de fortalecer una instancia estatal responsable del seguimiento del proceso de verdad y justicia reabierto, que motorice y centralice las medidas que deben tomarse para garantizar una respuesta judicial e institucional adecuada”.
Entre los datos interesantes del informe presentado por el CELS ante las autoridades internacionales se encuentra la situación de las personas imputadas en procesos penales vinculados al terrorismo de estado. Indican que tras el fallo de la Corte Suprema, los principales procesos por los crímenes de la última dictadura fueron reabiertos. Actualmente, alrededor de 532 personas están imputadas en procesos penales vinculados al terrorismo de Estado. De ellas, están procesadas 305 y 44 profugos, respecto de 46 se ha dictado la falta de mérito, 105 personas imputadas han fallecido, 5 han sido declarados incapaces para estar sometidos a juicio y 5 han sido condenados.
También se refierieron a la situación de los testigos Julio López y Luis Gerez, el primero desaparecido, y el segundo secuestrado en plena democracia. "Los casos de Julio López y Luis Gerez evidencian la falta de previsión de las autoridades estatales acerca de las posibles consecuencias de la apertura de los juicios", indicaron. Con el correr de los meses, la inexistencia de información sobre el paradero de López y la sucesión de intimidaciones a otros testigos, víctimas, funcionarios y defensores de derechos humanos agrava la situación y las sospechas. Este escenario ha marcado la debilidad y falta de capacidad específica de las agencias de seguridad e investigación en este proceso. "Es imprescindible que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables de estos hechos y garanticen la continuidad del proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. La situación vivida a partir de la desaparición de Jorge Julio López deja una huella profunda en el proceso de búsqueda de justicia y refuerza la necesidad de contar con una firme voluntad política", indicaron.
También se refierieron a la situación de los testigos Julio López y Luis Gerez, el primero desaparecido, y el segundo secuestrado en plena democracia. "Los casos de Julio López y Luis Gerez evidencian la falta de previsión de las autoridades estatales acerca de las posibles consecuencias de la apertura de los juicios", indicaron. Con el correr de los meses, la inexistencia de información sobre el paradero de López y la sucesión de intimidaciones a otros testigos, víctimas, funcionarios y defensores de derechos humanos agrava la situación y las sospechas. Este escenario ha marcado la debilidad y falta de capacidad específica de las agencias de seguridad e investigación en este proceso. "Es imprescindible que las autoridades investiguen y castiguen a los responsables de estos hechos y garanticen la continuidad del proceso de justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura militar. La situación vivida a partir de la desaparición de Jorge Julio López deja una huella profunda en el proceso de búsqueda de justicia y refuerza la necesidad de contar con una firme voluntad política", indicaron.
Foto: Jorge López desaparecido el año pasado, fue testigo de la causa que terminó con Miguel Etchecolatz condenado.
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