Condena de prisión efectiva y en suspenso y la inhabilitación para ocupar cargos públicos para los doce policías de Chubut acusados de abusar de su autoridad durante el desalojo de la familia Fermín, en Vuelta del Río, en la localidad de Cushamen, ocurrido en el año 2003 fue solicitada el miércoles por la Fiscalía de Esquel. La audiencia judicial se extendió por cinco horas.
La querella pidió seis años de prisión y la defensa su absolución.
El próximo miércoles 11 se conocerá la decisión del tribunal. Algunos de los imputados hicieron uso de su derecho a declarar, en la oportunidad uno de los oficiales manifestó que hace cinco años que está condenado socialmente y por su familia, con total injusticia.
El abogado Gustavo Macayo realizó un repaso por cada uno de los testimonios y su alegato hizo pie en la situación que vivieron sus representados, la familia Fermín y en su conjunto la comunidad Vuelta del Río a partir de aquel desalojo.
Macayo destacó que Don Fermín, a consecuencia de aquel desalojo, sufrió problemas de salud que aun hoy lo afectan. También se refirió a los términos de la orden del entonces Juez José Colabelli, quien había emitido la orden de desalojo “sin ningún recaudo humanitario”, sin contemplar que este no era un desalojo más, sino que se trataba de una comunidad aborigen, de gente de condición muy humilde, ni respecto de la existencia de un conflicto previo.
El letrado cerró su alegato indicando que la policía no está para realizar este tipo de acciones. “Acá no se ve a quien está protegiendo esta policía”, dijo y solicitó la pena máxima prevista para estos delitos, seis años de prisión por el delito de vejaciones, además de las figuras de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, para todos los imputados indiscriminadamente.
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