El bloque de diputados radicales propuso, mediante un proyecto de ley presentado en la Legislatura Provincial, que las concesiones, cualquiera sea su naturaleza, de servicios o explotación de recursos naturales, otorgadas por el Estado Provincial sean “intransferibles durante los primeros diez años, en contratos por períodos superiores a los veinte años e intransferibles por períodos menores”. Afirmaron que el proyecto surgió a partir de “la discriminación que sufren las empresas locales y regionales vinculadas con la actividad petrolera y sus trabajadores con respecto a las grandes empresas concesionarias de capitales multinacionales ha llevado al bloque de diputados de la Unión Cívica Radical a presentar un proyecto de ley en la Legislatura Provincial, tendiente a contar con un marco regulatorio que corrija la marcada desigualdad existente”. El proyecto establece que sus disposiciones rijan “para todas las relaciones contractuales actualmente en vigencia y las que se formalicen en el futuro”.
MARCO REGULATORIO
La iniciativa se impulsó a partir de lo que se estima constituyó “una declinación de todas las facultades del Estado Provincial en el contrato con Pan American Energy (PAE) y la necesidad de evitar situaciones derivadas de la adquisición del 50 por ciento de la argentina Bridas Corporation por 3.100 millones de dólares por parte de la corporación petrolera china”.
“Bulgheroni firmó el contrato (en 2007) y a los tres años vendió la mitad de su participación en PAE en 3.100 millones de dólares. Se los llevó y no dejó nada a la Provincia, ni pidió permiso y permitió la entrada de los chinos”, sintetizó el titular del bloque radical, Roberto Risso, al adelantar las características del proyecto.
TRANSFERENCIA
El legislador acudió luego a publicaciones periodísticas que indican ahora que “la British Petroleum tiene que juntar 30.000 millones de dólares por el problema ambiental del Golfo” para advertir “la posibilidad de que también promueva la venta de sus acciones en la PAE, llegándose a la pérdida del control empresario”.
“En su relación con el Estado, las empresas concesionarias no pueden hacer lo que quieren. En el artículo 12 del contrato dice que la concesión no se puede transferir o ceder sin el permiso del gobierno provincial, pero se olvidaron de regular la venta de las acciones y cuando se venden las acciones se pierde el control empresario. Ante esta falencia nosotros dijimos que el contrato debe ser denunciado y renegociado para que el Estado pueda recuperar su plata”, dijo Risso.
CONTROL
“Si van a vender las acciones tenemos que ejercer un estricto control sobre lo que harán con nuestra riquezas y, en especial, garantizar la compensación económica que nos corresponde”, insistió.
El proyecto de ley presentado el martes pasado procura que “en el caso de concesiones de explotaciones de recursos naturales, únicamente se autorizará el traspaso de la concesión, mediante ley, previa fehaciente acreditación de la conveniencia para el interés público”.
“La sociedad concesionaria no podrá transferir su paquete accionario total o parcialmente, salvo autorización expresa otorgada mediante ley; previa determinación de la compensación económica de las acciones a transferir por parte del Estado, la que será establecida al momento de la aprobación del Plan de Inversiones, por parte del Poder Legislativo”, agrega.
NEGOCIOS LEONINOS
El bloque de diputados provinciales de la Unión Cívica Radical convocó recientemente a recuperar “las facultades de control sobre el manejo de uno de sus recursos naturales más preciados” en alusión al petróleo del Chubut y reclamó “la denuncia del contrato de renegociación con Pan American Energy”, una acción que definió como “urgente y necesaria”.
Los legisladores hicieron un cuestionamiento a lo que llamaron “uno de los negocios más brutalmente leoninos de la historia de este país y una de las situaciones más patéticas que se pueda concebir”, estimando que “lo que en ese contrato se negoció era algo propiedad de todos los chubutenses sin que nosotros pudiéramos intervenir gracias a la gestión Das Neves”.
MANO DE OBRA
En el anteproyecto se citan datos de la Secretaría de Hidrocarburos, que expresan que de las cinco principales operadoras que explotan yacimiento en la Provincia del Chubut, no llegan a tener 800 empleados en relación de dependencia directa en su conjunto”. “Los más de 14.000 restantes empleados del petróleo, lo son de las contratistas y subcontratistas, que asumen el verdadero riesgo empresario de sostener y afrontar el pago de esa enorme estructura, mes a mes. Esto quiere decir que asumen todo el riesgo empresario y no son dueñas de nada más que de su propio capital”, añaden.
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