21 mar. 2006

Cientos de personas eran investigadas por los servicios de inteligencia de la Base Almirante Zar

Los militantes sociales en el ojo de la tormenta

Se estima que son cerca de 100 las carpetas halladas en la Oficina de Inteligencia de la base Almirante Zar, en los allanamientos realizados por el juez federal de Rawson, Jorge Pfleger. Entre la información digital se encuentran también listados completos de estudiantes y docentes universitarios de todas las sedes. "La recuperación de la información se hacía de un forma cotidiana sin pinchar teléfonos, ni seguir en forma particular, porque había infiltrados en todos lados, en diferentes grupos", dijo Eduardo Hualpa, el abogado de los familiares de la Masacre de Trelew, que también figuraba entre los registros.

En el hallanamiento realizado ayer en las instalaciones de la oficina militar continuaron apareciendo fotos de funcionaros, además de información particularizada sobre estudiantes y docentes universitarios.
También se encontraron listados completos de los medios de comunicación de toda la provincia, además de los registros de seguimiento de dirigentes políticos y sociales. Dentro de cada nomina se realizaban particularizaciones, se detallaban actividades y orientaciones políticas. El juez Pfleger también figura, y sobre el se "decía que tenía una tendencia a favorecer los casos de derechos humanos", dijo Hualpa.
Pero al momento de realizar la individualización de quienes figuran en los registros las fuentes se encuentran con un problema de síntesis. "Esta casi todo el padrón electoral", afirmaron.
En el caso de los universitarios, están los padrones completos de docentes y estudiantes. "El padrón de los docentes pueden sacarlo de cualquier lado, el de los estudiantes de complica m s, pero por la información que manejan es como si cada cinco estudiantes hubiera un infiltrado, digo ésto sobre todo porque hay información que no se obtiene desde afuera", dijo Hualpa. Incluso se registraron discursos de las asambleas universitarias.

CULTURA DE LA PERSECUCION
El jefe del Estado Mayor General de la Armada, almirante Jorge Godoy, anunció el cierre de las diez oficinas de inteligencia que dependen de la fuerza, al tiempo que asumió la responsabilidad por las tareas que se realizaban allí. Ahora la justicia deber determinar si las mismas prácticas de inteligencia se realizaban en otras provincias del país, como sospechan militantes de los derechos humanos, La presidenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, dijo en Bariloche que las actividades de espionaje "son a escala nacional" e incluyen a miembros de todas las Fuerzas Armadas. Cortiñas consideró que "las Fuerzas Armadas no están desarmadas y siguen su trabajo con la cultura de la persecución. Tenemos dos abuelas y dos madres que fueron golpeadas con salvajismo en Mar del Plata, Córdoba, La Plata y en el conurbano bonaerense, en hechos que no tuvieron fines de robo. Es un indicio de que no se quedan quietos y hay que apurarse con la Justicia. Los genocidas deben ir a la c rcel para que esto no vuelva a suceder".
Más allá de los detalles, y en el mismo sentido Hualpa recalcó que "en éste tema no se debe caer en una especie de cholulismo. Hay gente que llama para preguntar si esta o no en las listas, el tema acá es que lo que se estaba haciendo es ilegal, que se perseguía a la gente, y esa una forma de control. No podemos olvidar que ese es el tema de fondo",
Pfleger sostuvo que en los hallanamientos se detectan claros indicios que permiten deducir una violación de la ley nacional 25.520, que regula las tareas de inteligencia en el nivel nacional. Además explicó al diario La Nación que esta ley delimita la capacidad del Estado para realizar tareas de inteligencia. "Esto implica, por definici¢n, interferir la conducta de otros. Nadie puede ser investigado ni su actividad recopilada por razones de raza, sexo, religión o por su actividad lícita", explicó.
Durante los hallanamientos, la justicia también accedió a los listados del personal que se encontraba destinado en diferentes lugares, donde además se especificada la tarea que debían realizar. Personal que ser citado a declarar, junto a los dos funcionarios de la Armada separados de sus cargos la semana pasada: el ex comandante de Operaciones Navales Eduardo Avilés y el ex director de Inteligencia Naval contraalmirante Pablo Rossi.
Otro relato clave para avanzar en la investigación ser del suboficial "arrepentido" que denunció ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) las supuestas tareas ilegales de inteligencia.
En el proceso de investigación una de las cuestiones a dilucidar está vinculada a la cadena de mandos, y las responsabilidades tanto del personal como de los altos mandos.

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