25 oct. 2006

Minera querello a vecinos del no a la mina


Son seis los vecinos querellados por la minera El Desquite S.A., subsidiaria de la canadiense Meridian Gold. La denuncia fue realizada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Juzgado Correccional Nacional Nº 11, a cargo del juez Luis Schelgel. La empresa acusa a los vecinos del movimiento el No a la Mina, de haber difundido los planes para "torcer la voluntad de Esquel".

Los vecinos señalan que "el audio corresponde a una reunión de ejecutivos y asesores de la multinacional realizada en setiembre del 2003 en la que elaboraban estrategias para conspirar contra esta comunidad y torcer la voluntad del pueblo de Esquel que rechaza rotundamente la actividad minera por el saqueo y la contaminación que provoca. En ese cónclave dan cuenta de sus contactos con los candidatos chubutenses a gobernador de las elecciones de ese año, al igual que con varios ministros y funcionarios del gobierno nacional".
En el mismo se describe que "también establecen utilizar a sus empleados y familiares para incidir en las juntas vecinales, entre otras medidas tendientes a lograr lo que ellos llaman ‘licencia social para operar’. Pero la perversidad de lo denunciado por los vecinos queda demostrado cuando uno de sus ejecutivos puntualiza textualmente que ‘en Esquel no se deben enterar que vamos a torcer la voluntad del pueblo’".
Los pasos a seguir
Esa descripción la realizan los vecinos autoconvocados en el documento emitido después de la reunión del pasado sábado, en la cual comenzaron a evaluar estrategias para rechazar y denunciar este complot contra la comunidad por parte del sector minero. Entre las medidas se decidió continuar con las habituales marchas de los días 4 y otras acciones locales y nacionales.
Además, expresaron que "está es la primera embestida judicial contra vecinos. Mientras a lo largo del país suman decenas las comunidades que se levantan pacíficamente contra proyectos mineros, esta demanda es el primer caso de una arremetida judicial contra vecinos. Esta persecución tiene sus raíces ideológicas en la misma legislación minera argentina que coloca, por encima de cualquier interés comunitario o regional, la preeminencia de la actividad minera junto con inconcebibles beneficios fiscales, cambiarios y arancelarios a las empresas, sean nacionales o extranjeras".
Recuerdan, además, que "en ese sentido, la política minera oficial, acompañada por los gobiernos provinciales y patrocinada por el conjunto del sector minero, genera todo tipo de hostigamientos a las comunidades que resisten en defensa de las producciones sustentables y bienes naturales como el agua y el suelo".
Asimismo, sostienen que ante esta situación, "la persecución a media docena de vecinos es interpretada en la ciudad como una embestida contra el conjunto de la comunidad que, mensualmente, realiza marchas por el NO A LA MINA. De esta manera, se pone en evidencia la decisión de judicializar y perseguir con el Código Penal cualquier oposición a proyectos extractivos y, lo que es más grave, ignorar la voluntad soberana de los esquelenses que tomaron una determinación rotunda en contra de los emprendimientos mineros.
La demanda ratifica la total veracidad de las decisiones tomadas en aquella reunión del 2003 y pone de manifiesto la existencia de una conspiración para ejecutar el emprendimiento minero a pesar de que usará el método de explotación a cielo abierto y lixiviación con cianuro que está prohibido por la legislación provincial", concluye el comunicado.

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