21 nov. 2006

Reclaman políticas públicas para niños y adolescentes


El Grupo Pro Derecho de los Niños realiza graves denuncias

El 20 de Noviembre se cumplieron 18 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. En este marco el Grupo Pro Derecho de los Niños emitió un documento destinado a “promover la reflexión crítica ante la falta de políticas públicas provinciales y municipales de
Protección y Promoción de derechos para todos los Niños, Niñas y Adolescentes”.

En el texto indican que el estado provincial y municipal, son los principales responsables de la materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, indican que “al mismo tiempo que declama estar a favor de los niños, continúa implementando medidas ineficientes en las áreas de Salud, Educación, Asistencia Social, Justicia, etc., y al mismo tiempo aplicando medidas y acciones regresivas en materia de políticas públicas. A 18 años de tan importante conquista para la infancia, el estado provincial y municipal no ha sido consecuente en su compromiso con los mismos”.

Afirman que “si bien se ha sancionado en nuestra provincia la ley 4347, adolece de la implementación plena de la misma, ya que a partir de ella

todas las leyes provinciales y otras normativas debían quedar supeditadas a la Convención, y sin embargo continúan existiendo aún”, indica el documento.

Los integrantes de la organización sostienen también que no está garantizado el derecho a la educación, acceso, permanencia, egreso y calidad, a todos los niños, a ser respetado, a no ser discriminado o maltratado y a recibir cuidados especiales a los niños, las niñas y los adolescentes sin distinción en todo el territorio provincial. “Son muestra de esta violación el número significativo de chicos y chicas, que son excluidos y dejan de asistir a la escuela, el uso de metodologías de exclusión encubierta, tales como reducción horaria, cambio de turno y de escuela, etc., ausencia de asignación prioritaria de recursos económicos y materiales, de personal debidamente capacitado, la falta de espacios físicos adecuados y que respeten normas de seguridad y de cuidado de la salud; limitados servicios de apoyo y acompañamiento a la tarea docente”, se indicó.

A nivel comunidad, -indica el documento- si bien se conoce y discute la existencia de la violencia escolar e institucional, esta es negada por quienes tienen responsabilidades en cuanto a su prevención y tratamiento desde las políticas públicas.

“Algunas personas que conforman el Consejo de Niñez y Adolescencia, tanto provincial como municipal no poseen probado compromiso con los Derechos Humanos, en particular de los niños, niñas y adolescentes y muestran su parcialidad y obsecuencia con las gestiones del gobierno de turno”, afirma el documento remitido por Inés Díaz, responsable de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad.

DERECHOS NO RESPETADOS

La organización no gubernamental denuncia también que “no está garantizado el derecho al disfrute a la salud, con una crisis actual del sistema de salud que devela la falta de voluntad y de políticas públicas. Es habitual encontrar periféricos hasta sin pediatras, sin

recursos materiales ni medicamentos, o que atiendan en horarios muy

reducidos. Falta de programas de prevención, promoción y atención integral”.

Afirman que el gobierno provincial y municipal “alientan la existencia de organizaciones sociales de corte asistencialista, y apoyan política y económicamente sus acciones, a pesar de que la mayoría de las mismas no encuadran su tarea en los Derechos Humanos”.

En el documento se indica además que continúan siendo los niños, niñas y jóvenes por motivos socio-familiares, privados de su libertad a través de la internación y permanencia en instituciones de interacción contrariamente a lo estipulado por la normativa provincial, como ser la Casa del Niño.

“Los responsables del sistema judicial que han empezado a actuar de oficio, cumpliendo así con su obligación constitucional, son cuestionados por el ejecutivo y legislativo”.Ejemplifican que jóvenes acusados de cometer delito son detenidos o encarcelados omitiendo el debido proceso. “La actuación policial, de maltrato, abuso de autoridad y de violencia denunciada reiteradamente- pone de manifiesto la carencia de formación adecuada y suficiente de quienes están involucrados en el abordaje de las situaciones donde están involucrados niños y adolescentes”.

Afirman que el “alarmante aumento de las desapariciones de personas sin que se investigue seriamente y se establezcan las debidas responsabilidades”.

En un apartado los referentes de la organización civil realizan consideraciones sobre las acciones que el Estado Provincial y el Municipal deben abordar. Allí recomiendan “revisar seriamente las asignaciones presupuestarias”, y el compromiso de “aprobar y hacer cumplir leyes, normativas y programas de Protección de la Infancia, y considerar el interés superior del niño (escuchar) en todas sus deliberaciones y decisiones”.

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