16 oct. 2007

PIDEN INFORMES A SIMONCINI


Por el presunto uso de facturas apócrifas


Gustavo Borracer, concejal radical electo en las últimas elecciones, además integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia pidió informes ante versiones periodísticas que alertaban sobre el posible uso de “facturas apócrifas”, recepcionadas por autoridades de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. “Hace dos meses surgió a partir de la publicación de un medio nacional. Nosotros llamamos para conocer información al respecto y nos confirmaron que serían dos empresas las que habrían entregado facturas apócrifas. El intendente descartó que hubieran problemas en declaraciones periodísticas pero es mi deber pedir el informe y después iremos avanzando, de todas formas el tema ya esta en la Justicia de Comodoro; pero el intendente nos tiene que informar que puede haber ahí adentro”, afirmó. Se trataría de dos firmas: una consultora, con dirección en calle Tucumán de Capital Federal, y sobre la segunda empresa no hay información. “Son empresas que proveen crédito fiscal y la forma de sacar efectivo”, sostuvo el contador Borracer en el programa.


LA DENUNCIA
Las investigaciones por el presunto uso de facturas apócrifas en la Administración de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pasarían al fuero provincial. Estas causas investigan "la comercialización por parte de ciertas organizaciones de facturas de empresas formalmente creadas pero sin actividad real, de otras que realmente existirían pero que no habrían prestado el servicio documentado y de algunas empresas a las cuales se les habría duplicado la documentación. Asimismo, habrían comercializado facturas de personas físicas que no habrían prestado los servicios indicados en los comprobantes emitidos", según publicó el diario Crónica de Comodoro Rivadavia, según fuentes de la Fiscalía Federal.


SOSPECHADAS
El informe de los fiscales María del Carmen Rogliano y Mariano Hernán Borinsky (del Juzgado Penal Económico 3 de la Capital Federal, indica que "se habrían emitido facturas por bienes que no fueron en realidad vendidos o servicios que no fueron efectivamente prestados, a cambio de un porcentaje del precio indicado en la factura. Estos instrumentos habrían sido luego utilizados por los usuarios inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado como crédito fiscal, lo que dentro de la mecánica de liquidación del gravamen supone una disminución del débito fiscal y un menor importe de impuesto a ingresar". Entre esos organismos figuran la Administración de Vialidad Provincial y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, pero afirman que son cerca de los 22 organismos públicos involucrados, según el diario La Nación.

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