La ley provincial aprobada en la Legislatura Provincial, que busca impedir las usurpaciones de tierras en Chubut, habilitando como mecanismo el desalojo compulsivo, para evitar dar soluciones masivas a la real demanda habitacional; continua cosechando opositores. Esta semana el gobernador, Mario Das Neves, no sólo indicó que la norma no lo convencia del todo sino que además se reunió con referentes de la iglesia católica y evangélica en Rawson. Mientras se continúan expresando posturas contrarias a la Ley Provincial, que fue aprobado en una sesión especial, el 5 de febrero, después de que en Comodoro se contabilizaran unas 1500 ocupaciones en toda la ciudad en tan solo un mes.
La Delegación Chubut del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), se pronunció ante la aprobación por parte de la Legislatura de Chubut del proyecto de ley que autoriza al desalojo compulsivo, aun sin el dictado del auto de procesamiento.
Al respecto se indicó mediante comunicado que "teniendo presente los compromisos con los sectores más vulnerables y el respeto y defensa por los Derechos Humanos es que apelamos al Señor Gobernador del Chubut a que revea esta iniciativa, y vete la norma aprobada por la Legislatura".
Se explicó que el INADI lleva adelante acciones para prevenir y combatir la discriminación contra personas en situación de pobreza y en relacion a pueblos originarios y sus integrantes.
"En este sentido, cuenta con foros de pueblos originarios y también de personas en situación de pobreza, entre los foros de la sociedad civil que coordina, recibe e investiga denuncias por discriminación y tambien ha formulado una Recomendación General sobre Discriminación en materia de Privación de derechos a los pueblos indígenas y sus integrantes", indica el comunicado.
Alejandra Tolosa, delegada INADI Chubut explicó que "desde la Institución que represento me preocupa especialmente que parece entenderse el problema de los desalojos como un mero conflicto individual entre particulares y no se tiene en consideración las implicancias de la vulneración de derechos, que en muchos casos esto implica en relacion a las personas en situación de pobreza y respecto a integrantes de pueblos originarios".
"En este sentido, cuenta con foros de pueblos originarios y también de personas en situación de pobreza, entre los foros de la sociedad civil que coordina, recibe e investiga denuncias por discriminación y tambien ha formulado una Recomendación General sobre Discriminación en materia de Privación de derechos a los pueblos indígenas y sus integrantes", indica el comunicado.
Alejandra Tolosa, delegada INADI Chubut explicó que "desde la Institución que represento me preocupa especialmente que parece entenderse el problema de los desalojos como un mero conflicto individual entre particulares y no se tiene en consideración las implicancias de la vulneración de derechos, que en muchos casos esto implica en relacion a las personas en situación de pobreza y respecto a integrantes de pueblos originarios".
El MEDH – Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos Regional Trelew y ENDEPA - Equipo Nacional de Pastoral Aborigen -, mantuvieron un encuentro con el vicegobernador de la Provincia, Mario Vargas y altos funcionarios de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y los Intendentes de Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Tras el encuentro expresaron que "seguimos sosteniendo que esta ley debe ser vetada para evitar que se preste a una criminalización de la pobreza. Sólo a través de la profundización de políticas públicas, se dará una definitiva respuesta a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad".Néstor Cruz García, párroco de María Auxiladora de Trelew y Carlos Amarillo, pastor Iglesia Evangélica Metodista de Trelew-Puerto Madryn plantearon a los funcionarios "la necesidad de profundizar políticas que den respuesta a las necesidades de las familias sin tierra y sin vivienda y la búsqueda del diálogo con las organizaciones representativas de los sin tierra, desechando el camino de la represión y la violencia".
ABOGADOS ESPECIALISTAS EN DERECHOS HUMANOS
El Equipo Patagónico de Abogados y Abogadas en Derechos Humanos y Estudios Sociales (EPADHES) ´remitió esta semana una nota solicitando el veto del proyecto de ley Nº 187/08 de la Honorable Legislatura, en el cual se prevé "combatir la usurpación".
Indicaron en la misma que miembros del equipo asesoran numerosas comunidades que actualmente están defendiendo su derecho a la tierra, "por lo cual observamos este proyecto de ley como una nueva señal de alerta".
"El problema del acceso a la tierra y la vivienda se ha extendido en todas las ciudades patagónicas y representa actualmente una enorme complejidad. Creemos sin lugar a dudas que el eje que debe prevalecer a la hora de analizar esta problemática es el de las adecuadas políticas sociales, que permite a las familias vivir en condiciones dignas en nuestro extenso territorio patagónico".
Argumentaron que la iniciativa legislativa hace hincapié en el uso del poder punitivo del Estado, e incluso, genera consecuencias perjudiciales para quienes sólo están acusados de cometer el tipo previsto en el artículo 181 del Código Penal de la Nación, los cuales gozan de la presunción de inocencia, de acuerdo a lo que reza nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. "Nos preocupa la ambigüedad con la cual fue plasmado el proyecto mentado, el cual concebimos como una grave amenaza contra los miembros del Pueblo Mapuche y Tehuelche, sus comunidades y organizaciones. Entenderá el Sr. Gobernador que los pueblos indígenas en Argentina están muy sensibilizados por cualquier decisión relacionada con la instalación de modos violentos de despojo de sus territorios", expresaron los referentes de la organización Diego M. Sacchetti de Río Negro, Juan M. Salgado de Neuquén y Eduardo R. Hualpa de Chubut.
Indicaron en la misma que miembros del equipo asesoran numerosas comunidades que actualmente están defendiendo su derecho a la tierra, "por lo cual observamos este proyecto de ley como una nueva señal de alerta".
"El problema del acceso a la tierra y la vivienda se ha extendido en todas las ciudades patagónicas y representa actualmente una enorme complejidad. Creemos sin lugar a dudas que el eje que debe prevalecer a la hora de analizar esta problemática es el de las adecuadas políticas sociales, que permite a las familias vivir en condiciones dignas en nuestro extenso territorio patagónico".
Argumentaron que la iniciativa legislativa hace hincapié en el uso del poder punitivo del Estado, e incluso, genera consecuencias perjudiciales para quienes sólo están acusados de cometer el tipo previsto en el artículo 181 del Código Penal de la Nación, los cuales gozan de la presunción de inocencia, de acuerdo a lo que reza nuestra Constitución Nacional en su artículo 18. "Nos preocupa la ambigüedad con la cual fue plasmado el proyecto mentado, el cual concebimos como una grave amenaza contra los miembros del Pueblo Mapuche y Tehuelche, sus comunidades y organizaciones. Entenderá el Sr. Gobernador que los pueblos indígenas en Argentina están muy sensibilizados por cualquier decisión relacionada con la instalación de modos violentos de despojo de sus territorios", expresaron los referentes de la organización Diego M. Sacchetti de Río Negro, Juan M. Salgado de Neuquén y Eduardo R. Hualpa de Chubut.
EL DERECHO A LA TIERRA
También emitieron un documento, el sábado 14 de febrero, desde el Territorio Ancestral de la Comunidad Mapuche "Santa Rosa-Leleque", en el marco del festival conmemorativo del segundo aniversario de la recuperación de dicho Territorio por parte de la Comunidad. En el texto expresan "nuestro más enérgico repudio a la reciente aprobación por parte de la Legislatura de la Provincia del Chubut del Proyecto de Ley que contempla la posibilidad de desalojar manu militari y sin juicio previo a aquellas personas que sean acusadas de presunta usurpación en los términos del art. 181 del Código Penal Argentino". De la misma manera El Movimiento Tierras para todos se expresó en contra de la ley y argumentó que "Esta ley no está hecha para los grandes terratenientes, acaparadores ilegítimos de la Patagonia, y los no tan grandes que siguen engrosando su patrimonio con la complicidad de los funcionarios de turno. Está hecha para desalojar a los pueblos originarios y pequeños campesinos sin títulos, porque – actualmente -, la lucha por el reconocimiento del DERECHO A LA TIERRA es DE HECHO, es decir, se ocupa o está ocupada; y ésta ley facilita el desalojo automático con la mera acusación de usurpación por parte del Estado".
Foto: La ocupación que ínició la última toma masiva de tierras en la zona sur de Comodoro Rivadavia.
los abogados especialistas en derechos humanos, ya tendrian , hace rato que haber pedido la renuncia del gobernador.para que tanto circo, sino hay hechos concretos?
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