"Es más fácil encarcelar a los pobres que perseguir los mercados del delito"

"Miramos dentro de la cárcel y vemos gente pobre. Encerramos a jóvenes desaventajados de los suburbios sin instrucción ni capacitación laboral". La frase es de Alfredo Pérez Galimberti, defensor jefe de la provincia de Chubut que estuvo en Rosario para exponer sobre la selectividad del sistema penal. Mientras los clientes de los tribunales son siempre los mismos, señala, "hay sujetos a quienes el sistema no apunta. Los CEO, los altos ejecutivos y las compañías financieras no van a pagar por la crisis. No hay ley penal para ellos".

El funcionario disertó la semana pasada en el congreso de Derecho Procesal Penal en un panel sobre justicia penal y exclusión social. Fue uno de los impulsores de la reforma procesal que tres años atrás inició la provincia de Chubut, similar a la que comienza ahora en el fuero penal santafesino. Es adjunto del defensor general de la provincia y conoció la máquina de juzgar desde distintos engranajes: fue fiscal, juez de Instrucción y de Sentencia.

Aquí recupero sus declaraciones al Diario La Capital de Santa Fe.

—Santa Fe está ingresando a un proceso de cambio de su sistema penal. ¿Basta la reforma para que no se juzgue siempre a los mismos?
—No, en absoluto basta. Tenemos que pensar que en Argentina la cuarta parte de los jóvenes son inviables: no estudian, no trabajan y no van a tener seguridad social. Si no construimos políticas públicas para esto, no hay manera de controlar la conducta desviada. Ahora bien, ¿trabajar en el enjuiciamiento carece de sentido? No, porque cada uno debe hacer su parte. Si el sistema penal es opaco y sin publicidad hay que trabajar para que sea rápido y disminuir la cantidad de gente en prisión preventiva, lo que genera una ventaja cualitativa importante. Pero que nadie piense que va a modificar la desigualdad estructural. Para eso hace falta un conjunto de políticas públicas.

—¿Se están implementando estrategias en Chubut para reducir este efecto de selectividad?
—Implementamos salidas alternativas. La salida del proceso penal en la idea de la máquina fordista es la cinta de transmisión: empieza por poner el chasis y las ruedas y así va produciendo hasta que llega a la sentencia. Esto es carísimo y carece de sentido darle la misma respuesta a todos los conflictos. No tiene nada que ver la violencia doméstica con el robo de autos o una defraudación bancaria. Hay conflictos que deberían ser solucionados por otros mecanismos menos rigurosos. La conciliación, la reparación, escuchar a la víctima es importantísimo para sacar una gran cantidad de casos de la línea de Ford. De los casos que ingresan a la oficina judicial de Esquel, el 60% se resuelven por salidas alternativas.

—¿Y esto en qué contribuye a evitar que la penalización alcance a un mismo sector social?
—El efecto concreto es que cada vez que una persona es puesta en prisión preventiva entra en contacto con una sociedad criminal. De manera que es pésimo poner en prisión a gente por delitos de baja lesividad. Si logramos no encarcelarlo en esos episodios, evitamos que forme parte de esa sociedad criminal.

—¿La selectividad es sólo responsabilidad del sistema penal o también la sociedad es responsable cuando reclama mano dura contra un sector específico de la población?

—El delito que molesta a la sociedad es el delito grosero: el homicidio, el abuso sexual, el robo. Pero también existe el delito de cuello blanco. Si yo vendo zapatos y logro abaratar mi producto aunque sea ilícito, otros van a hacer lo mismo para no perder la posición en el mercado. Porque así es el mundo de los negocios, aunque seamos padres de familia correctos.

—Pero esto no es percibido como delito.

—Eso es percibido como una conducta comercial incluso lícita y razonable. La criminología en un momento se empezó a preguntar quién hace las leyes: los que juegan al golf con los bancarios. Y los jueces que las aplican están también ahí. La ley está hecha para que no se cumpla: es más fácil perseguir a los pobres que a la criminalidad organizada y los mercados del delito. En Argentina hace diez años que tenemos una ley de lavado de dinero y no hay una sola condena.

En muchos años no tuvimos una sola condena por evasión impositiva. La enorme masa de dinero que es detraída del Estado, que podría operar sobre ella para brindar seguridad social, desaparece. Esta mala junta entre el dinero y el poder que detrae dineros en beneficio de unos pocos genera exclusión y desigualdad social. Por eso no se debe pensar la seguridad como una cosa autónoma y desconectada del problema de exclusión. Queremos un sistema penal más eficiente, pero esto no debe traducirse —como en Chile— en el doble de encarcelamiento. Queremos más transparencia, pero no acentuar la selectividad ni que el sistema penal se convierta en la panacea porque no resuelve los problemas sociales.