La decisión del juez Miguel Ángel Gálvez surge de una presentación realizada por la Cámara Minera de San Juan; la Cámara de Servicios Mineros, CASEMI; AOMA y CGT Regional San Juan. "Estos sectores se han auto incriminado, si fuese cierto que no hay impactos de sus actividades en áreas de glaciares no estarían pidiendo la suspensión de la ley", señaló Juan Carlos Villalonga, director de Campañas de Greenpeace Argentina.
"En el debate parlamentario quedó claro que la delimitación de las áreas glaciares y periglaciares quedará en manos de especialistas en la materia, que no existirá ningún tipo de arbitrariedad en esas definiciones. Sin embargo el sector minero no admite la existencia de la Ley y todo indica que no pueden cumplirla, es decir, que están operando en áreas que deben ser protegidas" explicó Villalonga.
Para Greenpeace este tipo de demandas era previsible y así lo habían adelantado los gobernadores de San Juan, Jujuy y La Rioja. "Esto no hace más que agravar aún más las sospechas y la pésima reputación que tienen las compañías mineras y los gobernadores que alientan este tipo de acciones judiciales".
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