Organizaciones sociales, políticas y de Derechos Humanos,se entrevistaron con el Juez Mauricio Zavala, ayer en Neuquén, dado que es quien debe resolver el escrito presentado por los abogados Mariano Pedrero e Ivana Dal Bianco, en el que se pide el sobreseimiento de los cinco trabajadores de Zanon imputados por corte de ruta y se rechaza el pedido de elevación a juicio del Fiscal.
En esta causa están imputados los trabajadores recientemente electos diputados Alejandro López y Raúl Godoy, dirigentes históricos del Sindicato Ceramista, además del Presidente de la Cooperativa FasinPAt y dos trabajadores más de la fabrica Zanon, por exigir que el gobierno cumpla con la expropiación ya votada en la Legislatura hace casi dos años.
Sin embargo, en una causa plagada de irregularidades por parte del Fiscal Di Maggio y la Policía, se acusa a los trabajadores por el art 194 del Código Penal, y recientemente la Fiscalía pidió que los trabajadores sean juzgados en juicio oral y publico. Mientras que son los mismos fiscales que le garantizan la impunidad a Sobisch y no avanzan en investigar las causas por violaciones a los derechos humanos que cometen a diario la policía y fuerzas represivas.
Ante esta situación, las Organizaciones Sociales repudiaron este pedido, y le transmitieron al Juez su pedido de inmediato sobreseimiento de los trabajadores, entendiendo que esta causa forma parte de una política de criminalización de la protesta social, en la cual hay solo en Neuquén mas de 500 procesados por luchar y a nivel nacional el número supera los mas de 4000, llegando al colmo de mantener a dos dirigentes petroleros presos en la localidad de Las Heras en Santa Cruz por reclamar sus derechos.
El Juez tiene que expedirse en los próximos días, por lo que es importante seguir movilizados en unidad. López, indicó que es el mismo fiscal "que le garantiza la impunidad a Sobisch, o no avanza en investigar las causas por violaciones a los derechos humanos que cometen a diario la Policía y fuerzas represivas". Según Godoy "la causa forma parte de una política de criminalización de la protesta social, en la cual hay solo en Neuquén mas de 500 procesados por luchar, y a nivel nacional el número supera los más de 4.000".
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