El juez penal Mariano Nicosa hizo lugar al habeas corpus correctivo colectivo presentado por la Defensa Pública, coincidiendo con las partes con la gravedad del estado de la infraestructura en las seccionales donde se aloja a los internos. Asimismo intimó al Poder Ejecutivo provincial a que "adopte medidas urgentes para modificar la situación denunciada, de superpoblación y condiciones indignas de detención, dentro de un plazo de 5 días para q comiencen los trabajos de reacondicionamiento de la seccional séptima y de 30 días para reducir el número de internos de las seccionales 4° y 5°", informó la Fiscalía Pública Fiscal.
Sin embargo rechazó el planteo de la Defensoría Pública acerca de la liberación de detenidos por las consecuencias que tienen estas condiciones sobre la calidad de vida de los internos. El juez, al igual que la fiscalía consideró que antes de resolver medidas relativas a la libertad de las personas detenidas debe darse una oportunidad al Poder Ejecutivo Provincial para que resuelva la situación. Para su control se fijó una audiencia dentro de 30 días y en caso de no cumplir se adoptará las medidas directas en atención a lo propuesto por la defensa.
La audiencia se realizó en la mañana del martes, para tratar el habeas corpus correctivo solicitado por la Oficina de Asistencia a las personas privadas de su libertad, dependiente de la Defensa Pública, por la condición de superpoblación de las Seccionales 4° y 5°, como del estado de los pabellones de la Seccional Séptima de policía.
Se le concedió la palabra al jefe de la Unidad Regional, José de la Cruz Castillo y al director General de Políticas Penitenciarias y Reinserción Social, Rodrigo García Palumbo, quienes se comprometieron a solucionar la situación.
Por el Ministerio Público Fiscal actuó Juan Carlos Caperochipi, en carácter de fiscal jefe subrogante; la Oficina de Asistencia a las personas privadas de su libertad, dependiente de la Defensa Pública en cabeza de Matilde Cerezo, Viviana Barillari y Vanesa Vera.
HACINAMIENTO
Las defensoras en un primer lugar se refirieron a la superpoblación y hacinamiento de las seccionales 4° y 5° y las condiciones de la Séptima. Los internos "no pueden convivir adecuadamente y debe cesar esta violación a los derechos humanos básicos, como agua, poder caminar o extender su cuerpo. Esta vulneración de derechos debe cesar ya que contradice la Constituciones Nacionales y provinciales, la Convención Americana de Derechos y Deberes del hombre, entre otros", plantearon. Asimismo argumentaron que las penas deben tener un fin resocializador para que las personas puedan reintegrarse a la sociedad. Solicitando se adopte medidas urgentes o la liberación anticipada de los detenidos en la medida en que se lo permita, la morigeración de la prisión preventiva con medidas sustitutivas a ésta; y el acceso a la libertad condicional y salidas transitorias adelantadas. También solicitaron se informe al Colegio de jueces y al Juzgado federal para que tomen conocimiento cuando dispongan de una persona detenida.
Por su parte el fiscal jefe planteó la gravedad de la situación y coincidió con la Defensa sobre las apreciaciones y condiciones del estado de detención de personas privadas de su libertad. El Ministerio Público Fiscal realiza inspecciones permanentes a las dependencias policiales y los últimos días de septiembre se han realizado varias, aseguró. Las seccionales mencionadas adolecen de las condiciones necesarias para el alojamiento de detenidos.
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