22 nov. 2013

Dos dirigentes de Atech fueron citados a prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal

LAS FUERON PRESENTADAS POR EMPRESAS PETROLERAS Y DE SERVICIOS

Los dirigentes de la regional sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Carlos Magno, secretario general y Eduardo Humeres, secretario gremial fueron convocados hoy a prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal. Organizaciones sociales denunciaron el avance de la justicia contra los militantes sociales en general criminalizando la protesta por el acceso a los derechos.

El miércoles 20 a las 20.30 hs, fueron notificados los miembros de la conducción de la Regional Sur de una citación a declaración indagatoria para ayer a las 9 ante el Juzgado Federal. La misma solo mencionaba la figura del entorpecimiento de servicios públicos, artículo 194 del Código Penal. Los dirigentes informaron ante la justicia que no declararían porque no se cumplió con el plazo que permite "elaborar una legitima defensa".

El artículo 194 del Código Penal establece que será "reprimido con prisión de tres a dos años" "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

EL PODER QUE DENUNCIA

Desde la Atech denunciaron ayer que “sin aclaración de imputación alguna, especificaciones al respecto, ni tiempo acorde a garantías elementales, somos llevados a la justicia sin garantía alguna”, dijo Carlos Magno. Según el expediente al que se pudo acceder ayer rápidamente, según el sindicato docente, “el 80% de las denuncias fueron presentadas por empresas o empresarios de diferentes actividades, tales como Ferreira Amuchastegui, Tuboscop, Clear, Pae, entre otras”. Hay denuncias incluso que datan del 23 de septiembre. “Pero lo más lamentable es que nunca fuimos notificados así es que impidió la posibilidad de construir una defensa ante denuncias que recién pudimos conocer esta mañana”, indicó el dirigente.

En este contexto ayer se remitió una nota al Gobierno de Chubut recordando los términos del acta compromiso firmada el 5 de noviembre que en su Artículo 3º que indicaba que no se tomarían represalias contra los manifestantes.

CRIMINALIZACION DE LA PROTESTA




Cabe acotar que no es la primera vez que militantes sociales son llevados a la justicia para responder por este mismo motivo "entorpecimiento de servicios públicos". Son el menos 5 los que fueron llevados a la justicia en causas a las que estuvo vinculado el fiscal Federal, Norberto Bellver. Dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado, Miriam Acosta, secretaria general y Oscar Herrera, secretario adjunto sufren la misma situación desde que el año pasado realizadon movilizaciones en diciembre por reclamos que recientemente tuvieron respuestas, casi un año más tarde. El vocero de la Agrupación de trabajadores ex ypefianos, Jorge Muñoz, también fue llevado a la justicia por dos movilizaciones actualmente enfrenta el proceso judicial por el procesamiento que recién se concretó en agosto. Este sector se moviliza hace un año y seis meses sin respuestas concretas al reclamo de trabajo y becas de capacitación.
La investigación involucró en una primera etapa la indagatoria a más de 270 personas vinculadas con los “Dragones”. La mayoría de ellos ejerció su derecho a negarse a declarar sobre los hechos, aunque otros pocos sólo se limitaron a aclarar que no participaron de las medidas. La empresa confeccionó un listado de 204 obreros y sostuvo que no volvería a tomarlos. Los trabajadores argumentan que están "en listas negras sin causas, ni pruebas", "estamos siendo discriminados porque ahora no conseguimos trabajo en ninguna otra empresa y se nos atribuye algo a todos que no hicimos". En este marco 70 de ellos decidieron iniciar acciones legales contra la petrolera.

Cabe acotar que el vocero del Sindicato en formación Obreros Unidos, Daniel Ojeda también fue llevado a la justicia por las medidas de fuerza desarrolladas durante los meses de mayo y junio en reclamo de trabajo. De este sector también fue convocado Julio Coñocar, vocero del sector de los desocupados. Entre los procesados también se deben contar los trabajadores nucleados en Los Dragones dado que 12 de ellos fueron procesados por la toma del yacimiento Cerro Dragón operado por Pan American Energy, en el 2012. Según el  Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia se sigue la investigación de los procesados por ser coautores penalmente responsables de delitos previstos por el Código Penal como el artículo 213 bis, el 174 inciso 6 y el 54.
En este contexto nada se dice sobre los gobiernos y funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, y contribuyen a que estos conflictos sociales crezcan al amparo de las promesas incumplidas.

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