Dirigentes sindicales de Chubut cuestionan el proyecto de ley para regular las manifestaciones públicas

Ex trabajadores de YPF, Planta de tanques en Comodoro

AFIRMAN QUE ATACA LAS CONSECUENCIAS DE PROBLEMAS SOCIALES QUE TOCAN LAS DISTINTAS CLASES SOCIALES

Sindicatos y organizaciones sociales cuestionan el proyecto del oficialismo que busca regular las manifestaciones públicas a nivel nacional. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazó en duros términos el proyecto al calificarlo de "retroceso". A nivel local afirman que se pretende evitar que los problemas irresueltos que son responsabilidad de los gobiernos tome estado público.

El Cels esgrimió en un documento publicado sobre el tema que el proyecto de ley Convivencia en manifestaciones públicas presentado por diputados del FpV, “Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años. Por ejemplo, al clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación", estableció la declaración del organismo.

Reclamo por servicios públicos Stella Maris, Comodoro 

Carlos Magno, secretario general de la regional sur, que además fue procesado el año pasado por su participación en  las protestas públicas, que con este proyecto “se pretende criminalizar y ocultar la protesta social, ocultar el emergente en todos lados los problemas sociales que derivan en manifestaciones porque son los problemas que no se resuelven”.

El proyecto consta de 34 artículos y en uno de sus puntos salientes establece que los organizadores de una protesta, marcha o manifestación informen a las autoridades 48 horas antes de llevarla a cabo. El tema tomó estado público la semana pasada pero como consecuencia del fin de semana largo comenzará analizarse en las organizaciones y sindicatos a principios de esta semana.

Trabadores de La Anónima Comodoro Rivadavia

Tal es el caso de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia que fijará su postura el próximo martes. En principio sostienen que desde el aspecto jurídico es “anticonstitucional”. Es que en materia de derechos humanos, no hay un derecho superior al otro.

LEGITIMIDAD

El proyecto determina que una manifestación ilegítima, afecta derechos de terceros puede ser dispersada por las fuerzas de seguridad con el objeto de garantizar esos derechos. Una manifestación legítima se da cuanto "no impide el normal funcionamiento de servicios públicos, especialmente los relativos a la educación, la seguridad y la salud pública"; asimismo cuando "no impide totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada". Cuando permite la libre circulación; no se cometen delitos previstos por el Código Penal.

Movilización por el No a la Mina Esquel

PROCESADOS

EL dirigente nacional del Sindicato de Obreros Unidos, con el acompañamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), José Tejeda, indicó durante su paso por Comodoro que el proyecto “se desprende de un gobierno que cada día es más neoliberal que el propio menemismo. Esto es muy grave, aunque se digan que es el gobierno de los derechos humanos”.

Magno agregó que en estos años, los sectores que salieron a la calle fueron muy diversos. “Recordemos los piquetes de la gente en Buenos Aires porque llevaban tres o cuatro semanas sin luz y agua en pleno verano, que vieron en la protesta en la vía pública un medio lícito para que alguien les preste atención”. En tanto Tejeda acotó que “así se busca tener previsiones para las consecuencias que tendrá el ajuste sobre los trabajadores y la población en general. Primero se votó la Ley Antiterrorista que criminalizó todas las protestas populares y este es el broche de oro”.

Cabe recordar que en Comodoro en particular hay al menos 18 trabajadores, desocupados y representantes gremiales de diferentes sectores, que enfrentan procesos por las protestas desarrolladas en los dos últimos años. A nivel nacional los procesados suman unos 5 mil. Hasta febrero de este año, los piquetes y bloqueos de vías públicas en la provincia del Chubut llegaron a 17, elevándose el número con respecto al mes pasado. Además, los primeros dos meses del año tuvieron más conflictividad si se  compara ese mismo bimestre del año pasado, según la consultora Diagnóstico Político. En enero hubo 13 cortes de vías públicas y en febrero 17 en Chubut. Los conflictos recurrentes en estos dos últimos años fueron el de docentes, trabajadores de la sanidad, de la construcción y petroleros en reclamo de trabajo, en el Noreste, el conflicto con las pesqueras en particular Alpesca.

A FAVOR DE 

Trabajadores de Alpesca Puerto Madryn

Por su parte Pablo Salguero, secretario general del Sindicato Argentino de Docentes Privados Chubut consideró que el proyecto "claramente busca una paz social (beneficio para empresarios y funcionarios), desmovilizando la protesta y criminalizándola. Parte de la premisa errónea de que a lo/as trabajadore/as utilizamos la manifestación pública como primera herramienta de protesta, cuando sabemos que es una medida a la que se llega luego de agotar los intentos de ser escuchado/as y la visibilización de la protesta a través de la movilización es la única forma de ser escuchado/as. Los conflictos, sean laborales, ambientales, sociales son siempre, siempre provocados por las patronales, llámense estas: estado, empresas o la unión cómplice de ambas".

Cuestiona además que el proyecto otorga la potestad de mediación al Ministerio de Seguridad de la Nación o sus equivalentes provinciales. "Esto es jodido en principio porque quita intervención a la Secretaría de Trabajo para intervenir y mediar en, por ejemplo las manifestaciones de protestas provocadas por conflictos laborales, o a la legislatura para mediar en otro tipo de conflicto o a alguna otra repartición estatal (Secretaria de medio ambiente, Secretaria de Derechos Humanos".

Asimismo cuestiona la determinación del proyecto de solicitar se nombre un manifestante delegado "para que sea individualizado y "marcado". "Ya sabemos que en toda manifestación hay infiltrados de los servicios de seguridad y pasan autos sacando fotos de los manifestantes, etc. El espionaje y las tareas de inteligencia para detectar , perseguir y neutralizar "agitadores", están en plena vigencia", sostuvo el dirigente.