La política del Ministerio de Educación de Chubut: discursos de Inclusión y prácticas excluyentes
El Ministerio de Educación esconde su decisión ideológica de no atender la escasez de instituciones que atiendan los intereses de los jóvenes y las demandas de los padres, mediante la consulta a ellos sobre el ingreso a escuelas sobredemandadas de vacantes, intentando legitimar, al poner en boca de otros, las políticas educativas excluyentes que sostiene. La consulta colocó a los padres en una encerrona entre el examen y el sorteo forzando el resultado entre dos opciones injustas.
Sin embargo, el proyecto político educativo de una sociedad no debe ser decidido mediante una encuesta dirigida a un grupo pequeño de padres cuando es un tema de debate, construcción y decisión de todos los ciudadanos, organizaciones sociales y organismos gubernamentales. Esta práctica entra en franca contradicción con los lineamientos nacionales para la Educación secundaria aprobados por Resolución N° 84/09 del CONSEJO FEDERAL DE EDUCACIÓN con representación de todas las provincias en la cual se expresa:
"Si bien los problemas de la educación secundaria no son exclusivos de nuestra sociedad y de este tiempo, la fragmentación institucional y la situación de vulnerabilidad y exclusión social en que se encuentran muchos adolescentes, jóvenes y adultos vienen a sumar complejidad a los problemas de vieja data, ligados al carácter selectivo y meritocrático de una escuela que no fue pensada para todos.
Siendo la escuela el lugar privilegiado por la sociedad, para la transmisión y recreación de su herencia cultural, resulta central que las políticas a implementar contribuyan a recuperar nortes y referencias comunes que devuelvan un sentido de integración capaz de superar la fragmentación del sistema. Romper con la reproducción de las brechas sociales en brechas educativas resulta un imperativo para que nuestros adolescentes, jóvenes y adultos cuenten con una propuesta educativa igualitaria, más allá de sus recorridos previos y de los lugares que habitan".
En la provincia de Chubut, desde el año 2005 frente a la implementación de un examen de aptitudes en escuelas sobredemandadas, diversas organizaciones civiles y organismos de derechos humanos expresaron sus cuestionamientos sin haber sido escuchados.
El problema de las escuelas públicas sobredemandadas no se soluciona con el dispositivo de examen de aptitudes sino que se agrava al producir y reproducir entre los padres la representación de prestigio de algunas instituciones fomentando el desprestigio de otras y provocando cada año el aumento de los aspirantes a ingresar a las primeras y muchos menos inscriptos en las segunda. Con este mecanismo se evade la responsabilidad estatal de invertir ampliando el presupuesto para garantizar las escuelas y las modalidades u orientaciones que necesita el proyecto de sociedad.
La ley de Educación Nacional N° 26.206 estipula el principio de no discriminación en el acceso y trayectoria educativa de los alumnos (Art. 123). La educación pública debe brindar a todos las mismas oportunidades de ingresar a sus escuelas. Si las escuelas se arrogan el atributo de elegir a su población, están reproduciendo el espíritu de la Resolución N° 641/81 dictada por el Ministerio de Cultura y Educación de la nación durante la última dictadura, que en un artículo 137 establecía que: "Los institutos de enseñanza privada se reservan el derecho de admisión. Este derecho solo podrá ejercerse al comienzo de cada período lectivo y en referencia con la posible matriculación de alumnos".
Supuestamente, los certificados de egreso de la escuela primaria deben garantizar el derecho de aprender y que todos los niños y niñas cuentan con los contenidos necesarios para transitar por cualquier escuela secundaria pública; más allá de los méritos o aptitudes que hayan logrado en la primaria y que están acreditados en ese certificado, si es que el sistema no es mentiroso. La utilización del examen de ingreso está reconociendo que ese certificado no tiene el mismo valor, y oculta que esta situación no se debe sólo a las aptitudes de los niñ@s, sino también a las condiciones institucionales y los contextos sociales de aprendizaje en los que se sitúan. Desconocer estos factores de manera reduccionista, supone la adjudicación de la responsabilidad del éxito o fracaso solo al alumno/a.
Con el empleo de exámenes como mecanismos de calificación y clasificación de niños se corre el riesgo que los niños y niñas se crean los resultados (de la ineptitud) si desaprueban, con la frustración que conlleva. Lo peor que se puede hacer es minar o socavar su autoestima en la puerta de ingreso a la educación secundaria y lo más preocupante es el riesgo de que los mismos padres asuman la ineptitud de sus hijos, cuando deben ser el sostén y la confianza en sus posibilidades que los potencia en las trayectorias educativas. Si fortalecemos la autoestima de todos los niños es más probable que puedan encarar sus proyectos de vida en la juventud y en su vida adulta. Si los adultos y los educadores supieran la fuerza que cobra en la subjetividad, ocupar un lugar encorsetado en "el deseo de otro" evitarían ciertos males.
La lógica subyacente en el examen de aptitudes supone concepciones psicológicas y sociales bastante perimidas basadas en las idea de personas "inteligentes o aptas para" que llevarían a pensar "no entre a tal escuela porque no fui suficientemente inteligente o apto". ¿Que es ser inteligente? ¿Con que parámetros se mide? ¿Hay escuelas para los "inteligentes" y otras para "mediocres"? Este pensamiento es determinista y cierra toda posibilidad de acción pedagógica porque no se confía ni se habilita las posibilidades de aprender de los niñas y niñas.
El dispositivo pone en cuestión las implicancias éticas y políticas de la educación pública a partir de las finalidades de la evaluación y el uso que se realiza de ella. Si la finalidad es evaluar la calidad de los aprendizajes o de las aptitudes debería realizarse en todas las escuelas a efectos de brindar información que permita tomar decisiones sobre los procesos de enseñanza, curriculares e institucionales. Si el fin es usar esa información para la selección y clasificación de los egresados de la educación primaria y la decisión acerca de cuáles serán los ingresantes de las escuelas sobredemandadas pierde un sentido educativas y didáctica y asume connotaciones políticas excluyentes con las que no acordamos, legitimando la fragmentación del sistema educativo en circuitos diferenciados, la devaluación del certificado de finalización de estudios primarios de algunas escuelas y el papel de la educación en la reproducción de las desigualdades. El examen se constituye en condicionante de las subjetividades de los jóvenes y determinante en las trayectorias estudiantiles través de un pronóstico de sus aptitudes que los excluye o incluye en las escuelas secundarias sobredemandadas en contraposición a todos los discursos que promueven la inclusión educativa.
Colegas docentes: invitamos a adherir y participar activamente de este debate.
Carlos Magno - Irma Kundt - Lucrecia Falón - Daniel Murphy - Mariel Murphy - Carolina Flecha - Magali Stoyanoff
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