Los abajo firmantes expresamos nuestra firme defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es el resultado de largos años de lucha de diferentes sectores por lograr un marco jurídico que respete las demandas de una comunicación democrática.
No permitiremos que la regulación de la comunicación vuelva a depender de decretos, tal como se hiciera con la Ley de Radiodifusión de la última dictadura, desconociendo la construcción colectiva de la Ley 26.522, discutida en foros en todas las provincias, con la participación amplia de actores, locutores, periodistas, cableros, pueblos originarios, organizaciones sociales, comunitarias y populares, federaciones de medios PyMes, universidades nacionales, estudiantes, trabajadores de medios de comunicación, que aportaron más de 100 modificaciones al anteproyecto que finalmente sería sancionado.
Ese proceso culminó con la declaración de constitucionalidad de la Ley, en un fallo de la Corte Suprema, que incluyó un enorme debate social y la expresión de ambas partes en litigio, a través de amicus curiae de organismos e instituciones de reconocida trayectoria pública, académica y jurídica.
Ya que la defensa de las instituciones republicanas y el respeto a las leyes vigentes fueron declamadas en los discursos de campaña del nuevo gobierno, esto debería verse reflejado en cualquier intento de modificar o reformar las normas. El debate tiene que hacerse de cara a la sociedad, permitiendo la participación de los diferentes sectores políticos que han obtenido representación legislativa por mandato popular y recogiendo las opiniones y miradas de todos quienes trabajan a diario en una actividad sensible para la vida en democracia como lo es la comunicación.
Es por eso que exigimos el respeto a la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, al AFSCA como autoridad de aplicación y a todos los miembros del directorio con mandato vigente.
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