Los ex agentes de YPF resolvieron esta semana convocar a una asamblea pública, en el monumento a los trabajadores caídos de la ex empresa estatal YPF, en el barrio General Mosconi. Una vez más el tema central de la reunión será el tema que los convoca hace 15 años: el pago de la totalidad de los juicios iniciados contra el estado en concepto de la mala liquidación de las acciones clase “C”.
“Nuestros tiempos son muy cortos. Lo tomamos como un día menos de vida para cada uno de nosotros. Nos sentimos muy afectados y que sabemos positivamente que con un poquito de esfuerzo y sacrificio de parte de ellos se pueden acelerar los trámites”, dijo Agustín Augustaci, uno de los jubilados de la empresa estatal que reclama por juicios de larga data. Ya no le encuentran explicaciones a la falta de respuestas. En la historia se inscriben diferentes momentos de una larga lucha, que ha llevado a los ex agentes incluso a Buenos Aires, para entrevistarse con altos funcionarios del gobierno nacional.
“Nuestros tiempos son muy cortos. Lo tomamos como un día menos de vida para cada uno de nosotros. Nos sentimos muy afectados y que sabemos positivamente que con un poquito de esfuerzo y sacrificio de parte de ellos se pueden acelerar los trámites”, dijo Agustín Augustaci, uno de los jubilados de la empresa estatal que reclama por juicios de larga data. Ya no le encuentran explicaciones a la falta de respuestas. En la historia se inscriben diferentes momentos de una larga lucha, que ha llevado a los ex agentes incluso a Buenos Aires, para entrevistarse con altos funcionarios del gobierno nacional.
En Comodoro Rivadavia, son 2.500 los ex trabajadores estatales que reclaman el pago de la correcta liquidación de las acciones clase “C”de la petrolera YPF, privatizada en la década del 90.
Son varios los representantes legales que en todo el país reclaman la indemnización para los ex trabajadores de YPF, al gobierno nacional por haber vendido las acciones que les correspondían según el Programa de Propiedad Participada (PPP), previsto por la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Esa norma estableció las privatizaciones llevadas a cabo durante la pasada década del ’90. La acciones correspondientes al PPP, destinadas a los 32 mil trabajadores de la empresa al 1 de enero de 1991, establecía para ellos el 10 por ciento del paquete accionario. La mayoría de las acciones del PPP fueron vendidas en Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 1997, durante la presidencia de Carlos Menem. Los ex trabajadores denunciaron también la OPA de 1999, donde Repsol y el gobierno de Menem arreglaron, mediante el denominado “Convenio YPF”, de índole secreta y firmado el 20 de enero de 1999, la adjudicación directa a Repsol del 14,99 por ciento de las acciones correspondientes al Estado. Para ello se estipuló días más tarde que Alfonso Cortiña de Alcocer, presidente de Repsol, fuera el representante de las acciones “clase A”, del Estado argentino. Por estos juicios incluso se citaron a declarar directivos de la empresa Repsol, y a quienes fueran ministros del ex presidente Menem, entre otros, Domingo Caballo, Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa; el caso estaba en manos del juez Claudio Bonadío, quien en un fallo de dos hojas, luego de 6 mil fojas y 22 cuerpos de expedientes judiciales y siete años de proceso, sobreseyó a los 33 directivos de la empresa y a los funcionarios. Ese mismo juez fue apartado en noviembre del 2005 de la causa Amia por ocultar su vinculación con el ex ministro del interior de Menem, Carlos Corach, imputado por el atentado que en 1994 mató a 86 personas en la sede mutual de la comunidad judía de Argentina.
La causa sobre la cual resolvió el juez Bonadío fue iniciada por la abogada Alejandra Dibo en la ciudad de Córdoba en 1999 y trasladada luego a los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires, al año siguiente. La letrada, quien representa a 1.500 de los 27.000 ex trabajadores de YPF que la privatización dejó sin empleo, aseguró que no sólo apelaría el fallo ante instancias superiores, sino que denunciaría al juez por mal desempeño como funcionario público y cohecho. En ese sentido, la abogada recordó que el magistrado podría ser sometido a juicio político, ya que no sólo cerró el sumario sin que fuesen indagados todos los imputados, sino que anteriormente había denegado algunas de las pruebas más importantes. Entre ellas se encontraba el citado “Convenio YPF” y el pedido de la abogada de oficiar los registros accionarios de la empresa y actas asamblearias, desde 1991 hasta el presente. Con ello se intentaba esclarecer las responsabilidades de los imputados en los hechos denunciados.
EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES
En Comodoro Rivadavia los ex agentes realizaron asambleas multitudinarias, incluso marchas hasta los tribunales federales, tuvo diferentes referentes, muchos de ellos hoy ya fallecidos. Carlos Espinoza, fue sin duda uno de los lideres de esta lucha, Miguel Angel Gatti y Miguel Guerrero, están entre los más recordados pero entre ellos hay muchos ex ypefianos anónimos que también murieron durante estos años de reclamo.
Entre quienes participaron en estos 15 años de reclamo se inscriben hombres y mujeres, incluso con una tradición gremial, tal es el caso de Agustín Augustaci y Dardo Cardoso.
Los ex trabajadores se reunieron primero en la agrupación José Fuchs, que por entonces funcionaba en relación a la Federación de trabajadores y reunía sobre todo a los representados del estudio Leto de Buenos Aires, pero con el tiempo la organización fue cuestionaba por su extrema organicidad. Entonces se creó la agrupación de Ex agentes autoconvocados de YPF, con el fin de reunir a todos los trabajadores.
Omar del Pino, recordó entre los hitos más importantes la marcha realizada en junio de 2001, en Buenos Aires. Una gran movilización que núcleo a ex agentes de todo el país, que pasó por el Senado, la Corte Suprema y el ex edificio central de YPF, hoy de Repsol. “Seis meses después, el 21 de noviembre, la Corte Suprema, falló a favor de dos causas: Antonuchi y otros, y Albornoz y otros, ordenando el pago de las acciones. Eso ocurrió hace 5 años y todavía no tenemos respuestas”.
Por estos días los ex trabajadores de la petrolera estatal solicitaron a los Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones que dejen en firme la sentencia relacionada con los expedientes en los cuales se reclama el pago de las acciones tipo C. “Nos dicen que por los tiempos procesales de los jueces tenemos las fechas que se otorgan con cada carátula con sus respectivos expedientes. Esto demandaría sesenta días. Entonces reaccionamos porque nuestros tiempos son distintos a los de la Justicia”, explicó Agustín Augustaci, uno de los trabajadores que encabeza el grupo que llegó de reunirse en Capital Federal con la Ministro de Economía, Felisa Miceli.
En estos momentos en Capital Federal, a nivel oficial y con las máximas autoridades del país, están tratando el tema de la forma de pago. Gracias a Dios tenemos la sentencia firme definitiva con sus respectivos montos y carátulas”, dijo el ex agente.
LOS QUE COBRARON
En el 2003 el abogado de un sector de los ex ypefianos recorrió las ciudades donde tiene representados anunciando que se comenzarían a pagar los juicios, más tarde volvería a hacer firmar una cesión de crédito afirmando que se aceleraría el proceso de cobro. El tema generaría sendas polémicas, cruces de información y cuestionamientos.
En octubre de 2002, se sanciona la Ley N° 25.471, que reconoció por parte del Gobierno Nacional, una indemnización económica a favor de los ex empleados de YPF S.A. en relación de dependencia al 1º de enero de 1991, “que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o que, incorporados, hubiesen sido excluidos”. Dicha Ley fue reglamentada por el Decreto Nº 1077 del 5 de mayo de 2003. Por este Decreto se determinaron procedimientos para que los beneficiarios accediran a la indemnización, distinguiendo la situación de quienes hayan interpuesto o no reclamos judiciales. Quienes adherían a este sistema renunciaban automáticamente de los juicios, y muchos lo hicieron. “Ofrecieron el pago de 16 mil bonos que no representan nada en comparación con lo que tenemos que cobrar pero mucha gente lo necesitaba con extrema urgencia”, recordó Del Pino.
LOS QUE LUCHAN
El reclamo de los ex agentes de Comodoro no es solitario, también se registran reclamos en Río Negro, donde funciona al agrupación “Patria”, en Tierra del Fuego se creó la Agrupación Tierra del Fuego de ex Trabajadores de YPF S.A. y Gas del Estado, entre otras. Pero la organización más combativa se ubica en Mosconi, provincia de Salta. Donde se han desarrollado acciones que conjugan reclamos por el manejo de los recursos, las consecuencias en el medio ambiente y los derechos humanos, al tiempo que se denuncia la expulsión de la vida laboral a miles de personas En el 2001 10 detenidos de la organización UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano que dejó como saldo a unos cuantos procesados. Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.
“El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF – sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley —la 25.471— que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos”. Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre. “En realidad, era un error. “El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo” reconoció veinte días después Parrilli en privado. Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada”, escribió el periodistaZygmunt Bauman, en “Mosconi: La batalla entre un pueblo y las multinacionales”, publicada en la página lavaca.org.En esa oportunidad, los habitantes del pueblo afirmaban que “las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de "declaración jurada", es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen”.En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, afirmaba que hay empresas que entre abril del 2001 y marzo del 2002 obtuvieron ganancias por más de 55,4 millones de dólares y empleaban a más de 520 personas. Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.En agosto de 2003 uno de los lideres de la lucha del pueblo salteño entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. “Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta”, indica la introducción del informe.
En ese mismo documento sostuvieron que “muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región”.
Son varios los representantes legales que en todo el país reclaman la indemnización para los ex trabajadores de YPF, al gobierno nacional por haber vendido las acciones que les correspondían según el Programa de Propiedad Participada (PPP), previsto por la ley 23.696, llamada Ley de Reforma del Estado. Esa norma estableció las privatizaciones llevadas a cabo durante la pasada década del ’90. La acciones correspondientes al PPP, destinadas a los 32 mil trabajadores de la empresa al 1 de enero de 1991, establecía para ellos el 10 por ciento del paquete accionario. La mayoría de las acciones del PPP fueron vendidas en Oferta Pública de Adquisición (OPA) de 1997, durante la presidencia de Carlos Menem. Los ex trabajadores denunciaron también la OPA de 1999, donde Repsol y el gobierno de Menem arreglaron, mediante el denominado “Convenio YPF”, de índole secreta y firmado el 20 de enero de 1999, la adjudicación directa a Repsol del 14,99 por ciento de las acciones correspondientes al Estado. Para ello se estipuló días más tarde que Alfonso Cortiña de Alcocer, presidente de Repsol, fuera el representante de las acciones “clase A”, del Estado argentino. Por estos juicios incluso se citaron a declarar directivos de la empresa Repsol, y a quienes fueran ministros del ex presidente Menem, entre otros, Domingo Caballo, Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa; el caso estaba en manos del juez Claudio Bonadío, quien en un fallo de dos hojas, luego de 6 mil fojas y 22 cuerpos de expedientes judiciales y siete años de proceso, sobreseyó a los 33 directivos de la empresa y a los funcionarios. Ese mismo juez fue apartado en noviembre del 2005 de la causa Amia por ocultar su vinculación con el ex ministro del interior de Menem, Carlos Corach, imputado por el atentado que en 1994 mató a 86 personas en la sede mutual de la comunidad judía de Argentina.
La causa sobre la cual resolvió el juez Bonadío fue iniciada por la abogada Alejandra Dibo en la ciudad de Córdoba en 1999 y trasladada luego a los Tribunales Federales de la ciudad de Buenos Aires, al año siguiente. La letrada, quien representa a 1.500 de los 27.000 ex trabajadores de YPF que la privatización dejó sin empleo, aseguró que no sólo apelaría el fallo ante instancias superiores, sino que denunciaría al juez por mal desempeño como funcionario público y cohecho. En ese sentido, la abogada recordó que el magistrado podría ser sometido a juicio político, ya que no sólo cerró el sumario sin que fuesen indagados todos los imputados, sino que anteriormente había denegado algunas de las pruebas más importantes. Entre ellas se encontraba el citado “Convenio YPF” y el pedido de la abogada de oficiar los registros accionarios de la empresa y actas asamblearias, desde 1991 hasta el presente. Con ello se intentaba esclarecer las responsabilidades de los imputados en los hechos denunciados.
EL RECLAMO DE LOS TRABAJADORES
En Comodoro Rivadavia los ex agentes realizaron asambleas multitudinarias, incluso marchas hasta los tribunales federales, tuvo diferentes referentes, muchos de ellos hoy ya fallecidos. Carlos Espinoza, fue sin duda uno de los lideres de esta lucha, Miguel Angel Gatti y Miguel Guerrero, están entre los más recordados pero entre ellos hay muchos ex ypefianos anónimos que también murieron durante estos años de reclamo.
Entre quienes participaron en estos 15 años de reclamo se inscriben hombres y mujeres, incluso con una tradición gremial, tal es el caso de Agustín Augustaci y Dardo Cardoso.
Los ex trabajadores se reunieron primero en la agrupación José Fuchs, que por entonces funcionaba en relación a la Federación de trabajadores y reunía sobre todo a los representados del estudio Leto de Buenos Aires, pero con el tiempo la organización fue cuestionaba por su extrema organicidad. Entonces se creó la agrupación de Ex agentes autoconvocados de YPF, con el fin de reunir a todos los trabajadores.
Omar del Pino, recordó entre los hitos más importantes la marcha realizada en junio de 2001, en Buenos Aires. Una gran movilización que núcleo a ex agentes de todo el país, que pasó por el Senado, la Corte Suprema y el ex edificio central de YPF, hoy de Repsol. “Seis meses después, el 21 de noviembre, la Corte Suprema, falló a favor de dos causas: Antonuchi y otros, y Albornoz y otros, ordenando el pago de las acciones. Eso ocurrió hace 5 años y todavía no tenemos respuestas”.
Por estos días los ex trabajadores de la petrolera estatal solicitaron a los Jueces de la Cámara Federal de Apelaciones que dejen en firme la sentencia relacionada con los expedientes en los cuales se reclama el pago de las acciones tipo C. “Nos dicen que por los tiempos procesales de los jueces tenemos las fechas que se otorgan con cada carátula con sus respectivos expedientes. Esto demandaría sesenta días. Entonces reaccionamos porque nuestros tiempos son distintos a los de la Justicia”, explicó Agustín Augustaci, uno de los trabajadores que encabeza el grupo que llegó de reunirse en Capital Federal con la Ministro de Economía, Felisa Miceli.
En estos momentos en Capital Federal, a nivel oficial y con las máximas autoridades del país, están tratando el tema de la forma de pago. Gracias a Dios tenemos la sentencia firme definitiva con sus respectivos montos y carátulas”, dijo el ex agente.
LOS QUE COBRARON
En el 2003 el abogado de un sector de los ex ypefianos recorrió las ciudades donde tiene representados anunciando que se comenzarían a pagar los juicios, más tarde volvería a hacer firmar una cesión de crédito afirmando que se aceleraría el proceso de cobro. El tema generaría sendas polémicas, cruces de información y cuestionamientos.
En octubre de 2002, se sanciona la Ley N° 25.471, que reconoció por parte del Gobierno Nacional, una indemnización económica a favor de los ex empleados de YPF S.A. en relación de dependencia al 1º de enero de 1991, “que no hayan podido acogerse al Programa de Propiedad Participada o que, incorporados, hubiesen sido excluidos”. Dicha Ley fue reglamentada por el Decreto Nº 1077 del 5 de mayo de 2003. Por este Decreto se determinaron procedimientos para que los beneficiarios accediran a la indemnización, distinguiendo la situación de quienes hayan interpuesto o no reclamos judiciales. Quienes adherían a este sistema renunciaban automáticamente de los juicios, y muchos lo hicieron. “Ofrecieron el pago de 16 mil bonos que no representan nada en comparación con lo que tenemos que cobrar pero mucha gente lo necesitaba con extrema urgencia”, recordó Del Pino.
LOS QUE LUCHAN
El reclamo de los ex agentes de Comodoro no es solitario, también se registran reclamos en Río Negro, donde funciona al agrupación “Patria”, en Tierra del Fuego se creó la Agrupación Tierra del Fuego de ex Trabajadores de YPF S.A. y Gas del Estado, entre otras. Pero la organización más combativa se ubica en Mosconi, provincia de Salta. Donde se han desarrollado acciones que conjugan reclamos por el manejo de los recursos, las consecuencias en el medio ambiente y los derechos humanos, al tiempo que se denuncia la expulsión de la vida laboral a miles de personas En el 2001 10 detenidos de la organización UTD de Mosconi fueron liberados tras 52 días en un infierno cotidiano que dejó como saldo a unos cuantos procesados. Cinco mil fueron los que cortaron la ruta en el 96, el 2000 y en el 2001 también.
“El principal reclamo de los ex trabajadores de YPF – sintetizaba el diario Clarín en su edición del día 25 de noviembre- es el pago de las acciones del Programa de Propiedad Participada (PPP), que se estableció cuando fue privatizada la petrolera. Hay una ley —la 25.471— que reconoce la deuda y un decreto del pasado 4 de mayo, que fijó las indemnizaciones en 23 mil pesos a cada trabajador. Los ex empleados consideran que ese monto debería ser de entre 70 y 80 mil pesos, y rechazan además el pago con Boden 2016. En tren de ganar tiempo, el Gobierno prometió estudiar soluciones a los reclamos”. Tres días después, en conferencia de prensa y desde la Casa Rosada, los dos funcionarios anunciaron una nueva oferta: 39.000 pesos para cada uno de lo 8.500 ex empleados de YPF. Se cobrarían a mediados de diciembre. “En realidad, era un error. “El ministerio de Economía sacó mal las cuentas y la liquidación será por solo 23.000 pesos, en bonos y no se sabe cuándo” reconoció veinte días después Parrilli en privado. Pero aquel 2 de diciembre, en Mosconi nadie sabía nada”, escribió el periodistaZygmunt Bauman, en “Mosconi: La batalla entre un pueblo y las multinacionales”, publicada en la página lavaca.org.En esa oportunidad, los habitantes del pueblo afirmaban que “las regalías que retiene el Estado argentino son las más bajas de América Latina: 12 por ciento. Colombia retiene el 18, Perú el 35 y Venezuela había llegado al 51 por ciento. Ese 12 por ciento sufre, además, el descuento de los gastos de transporte y almacenamiento, algo que en general no se incluye en otros países. Y se cobra mediante un régimen de "declaración jurada", es decir que los propios operadores declaran cuánto extraen”.En cuanto a la relación entre los beneficios que obtienen las empresas y los puestos de trabajo que generan, afirmaba que hay empresas que entre abril del 2001 y marzo del 2002 obtuvieron ganancias por más de 55,4 millones de dólares y empleaban a más de 520 personas. Algo así como diez puestos de trabajo por cada millón de dólares de ganancia neta.En agosto de 2003 uno de los lideres de la lucha del pueblo salteño entregó en mano al presidente Kirchner una carpeta que detalla la situación de Mosconi. “Ante la falta de fuentes de trabajo, consecuencia de las privatizaciones a gran escala que caracterizaba al modelo neoliberal, como en otras partes del país, se desembocó y profundizó la crisis social y política que provoca cortes de ruta y su represión excesivamente violenta”, indica la introducción del informe.
En ese mismo documento sostuvieron que “muchos de nuestros recursos naturales ya están prácticamente perdidos. La destrucción de bosques y la extracción sin control de gas y petróleo, por ejemplo. Tenemos reservas, es cierto, pero los cálculos más optimistas dicen que, a este ritmo, en 20 años en Mosconi ya no queda nada. En el futuro, el recurso natural central será el agua. Esa es nuestra riqueza del mañana. Aquí en la zona hay una reserva de agua dulce subterránea y una cuenca natural que, si la protegemos de la contaminación que están produciendo las multinacionales hoy, podrían constituirse en toda una fuente de reservas no solo para nosotros, sino para toda la región”.
de MFB para El Patagónico
Saludos y sigan luchando !!!
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