En Trelew impugnan a una jueza

Un docente universitario y el Centro de Estudios Legales y Sociales se presentarán mañana con los argumentos y pruebas para pedir la impugnación de una jueza. Mañana a las 9, en el “Salón” ubicado en el 4º piso del “Hotel Libertador” de Trelew se llevará a cabo la audiencia de impugnación contra la postulación de Gloria Girotti, quien se presenta para el cargo de juez de la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Puerto Madryn.

El pedido de impugnación fue presentado por el docente Gonzalo Pérez Alvarez, en el marco de la defensa de los Derechos Humanos y la lucha contra la impunidad ya que Girotti fue designada secretaria en el año 1976 en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Bahía Blanca.
“Es públicamente conocido el lamentable rol de la justicia federal de los años de plomo en aquellas circunscripciones judiciales en donde imperaba el terror de Estado. Funcionaba para cohonestar la muerte, torturas y genocidio que llevó adelante la más feroz de las dictaduras que asoló a nuestro pueblo, especialmente en aquellos lugares como Bahía Blanca donde la represión actuó sin tapujos, salvajemente”, indico el profesor universitario.

AQUI EL TEXTO COMPLETO DE LA IMPUGNACIÓN

Sres. Consejeros:
Gonzalo Pérez Álvarez, docente, con domicilio real en Ameghino 275 de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, me presento y digo:
Vengo en mi carácter de ciudadano de la Provincia del Chubut en los términos del art. 8 de la ley 4.086 a presentar formal impugnación contra la candidatura de la Dra. Gloria Girotti al cargo de Camarista Civil, Comercial y Laboral de la Ciudad de Puerto Madryn para la que se ha presentado.
Dejo constancia que la presente impugnación la realizo en mi carácter de ciudadano de la Provincia del Chubut interesado desde siempre en los temas públicos y en la defensa de los derechos humanos.
La abogada que se presenta a concursar fue designada secretaria en el año 1976 en el Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Bahía Blanca. Es públicamente conocido el lamentable rol de la justicia federal de los años de “plomo”, en aquellas circunscripciones judiciales en donde imperaba el terror de Estado.
Funcionaba para cohonestar la muerte, torturas y genocidio que llevó adelante la más feroz de las dictaduras que asoló a nuestro pueblo, especialmente en aquellos lugares como Bahía Blanca donde la represión actuó sin tapujos, salvajemente.
Así la prensa escribió:
“4 de Septiembre de 1976. El fusilamiento que será plaza. El Concejo Deliberante de Bahía Blanca aprobó por unanimidad una ordenanza que bautizará una plaza de la ciudad con la fecha de uno de los fusilamientos del Cuerpo V de Ejército. La propuesta fue presentada por la hermana de una de las víctimas. Aquí la historia real detrás de la falacia militar encubierta por La Nueva Provincia y los jueces de la dictadura. El 4 de septiembre de 1976 el Cuerpo V de Ejército informó que "por la población" había tomado conocimiento de una "reunión de delincuentes subversivos". Cuando fueron a detenerlos "se generó un tiroteo durante el cual fueron abatidos". Según el comunicado, firmado por el coronel Rafael Benjamín De Piano y publicitado por La Nueva Provincia (6-9-76), el operativo se desarrolló en una casa de Catriel 321 y concluyó con "cuatro abatidos", dos identificados por sus documentos (Pablo Fornazari y Juan Carlos Castillo), más un hombre y una mujer desconocidos. En la supuesta casa de guerrilleros habrían encontrado un fusil, una escopeta, dos pistolas automáticas, un revólver y diez granadas. A pesar de contar con semejante arsenal, ningún militar había sufrido un rasguño. Como muestra del óptimo trabajo de inteligencia previo detallaron el prontuario de los delincuentes y La Nueva Provincia publicó las fotos de Castillo y Fornazari suministradas por los verdugos. Como era costumbre, el mayor Juan Mario Bruzzone informó desde el Comando de Operaciones Tácticas a la Policía Federal para que se ocuparan de entregar los cadáveres y dieran intervención al juez federal Guillermo Federico Madueño. Madueño inició la causa por "atentado y resistencia a la autoridad y muerte" y ordenó identificar los dos cadáveres. A la semana, la división Dactiloscopía y Rastros de la policía bonaerense aconsejó seccionar las manos "por no contar con los medios idóneos". El juez dio luz verde y días después la Policía Federal le informó que el hombre se llamaba Manuel Tarchitzky pero que "el femenino no se pudo identificar". Cuando trascendió la identificación de Tarchitzky, el padre de Zulma Matzkin intuyó que esa mujer era su hija y lo confirmó en la morgue. Manuel y Zulma eran amigos: juntos enseñaban a leer en los barrios Maldonado y Villa Nocito. Fiel a su tradición, La Nueva Provincia publicó la falacia militar y ocultó la historia real, probada ante la justicia de Bahía Blanca en 1987, cuando la Cámara Federal identificó y procesó a varios de los asesinos, y reconstruida con mayor detalle durante los Juicios por la Verdad de 1999….Castillo y Fornazari, militantes de la organización Montoneros, habían sido detenidos tres meses antes del falso enfrentamiento en la ruta 22, a la altura de Médanos, en una camioneta Fiat 125 Multicarga que luego usaría quien manejaba la picana eléctrica en La Escuelita, el teniente coronel Julián Oscar Corres, alias Laucha. Un día después los militares desvalijaron el negocio de repuestos de Castillo (Presión Sur, en San Martín 792) y secuestraron a su socio Héctor Rubén Sampini, quien continúa desaparecido. Antes de ser trasladado a la mesa de torturas de La Escuelita, Fornazari escribió una carta para sus padres en la cual les informó que había sido detenido por "el capitán Otero", a quien había conocido durante el servicio militar, y que estaba en el Batallón de Comunicaciones 181 "en averiguación de antecedentes". A Zulma Matzkin se la llevaron de la oficina donde trabajaba el 19 de julio al mediodía. Y Tarchitzky, físico nuclear egresado del Instituto Balseiro, fue secuestrado dos días después mientras dormía en la casa de su tío. Por el origen de su apellido su familia fue obligada a abandonar Bahía Blanca en 48 horas. Antes de ser asesinados, los cuatro jóvenes padecieron su cautiverio en La Escuelita, el campo de concentración del Ejército a metros del camino La Carrindanga. Según la sobreviviente Alicia Partnoy, luego del secuestro Castillo y Fornazari "permanecieron durante horas con los ojos vendados, parados desnudos a la intemperie y rodeados de perros que no les permitían moverse". Ya en La Escuelita "fueron torturados salvajemente". En el caso de Castillo "después de ser torturado con picana eléctrica y estando sumamente débil era obligado a permanecer de pie, atado de los testículos a la reja de una de las ventanas de la habitación". Los hombres y mujeres que simularon ocupar cargos judiciales durante la dictadura también colaboraron con los sicarios. En octubre de 1976 la entonces fiscal María del Carmen Valdunciel de Moroni dictaminó a favor de sobreseer la causa y cinco días después el juez Madueño y su secretaria Gloria Girotti la cerraron y archivaron sin oír a los verdugos ni cuestionar la versión oficial. Durante décadas Madueño logró reciclarse en el aparato judicial. Cuando la prensa publicó la historia de su complicidad con el terrorismo de Estado en Bahía Blanca (ver Página/12 del 17-10-04, 29-05-05 y 30-05-05) el entonces juez del Tribunal Oral Federal 5 presentó su renuncia (Página/12, 02-07-05). Valdunciel de Moroni también logró reciclarse y aún actúa como defensora oficial ante la Cámara Federal de Bahía Blanca.”1
También se publicó:
“Un juez que supo ayudar a los represores. El actual miembro del Tribunal Oral Federal 5 era en 1975 juez federal de Bahía Blanca y tenía una íntima relación con los represores del Cuerpo V. Una historia de encubrimiento legal de torturas, secuestros y fusilamientos. El actual juez del Tribunal Oral Federal 5 Guillermo Federico Madueño no sólo encubrió los fusilamientos fraguados por el Cuerpo V de Ejército en Bahía Blanca. Además de rechazar hábeas corpus, entregar cadáveres ametrallados y ordenar seccionar las manos de falsos NN mientras por las noches se reunía con los dos máximos jefes de ese comando "para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión y el terrorismo"2, el entonces juez federal de Bahía Blanca también sobreseyó sin investigar la muerte por torturas de Daniel Bombara, el primer desaparecido de esa ciudad, anterior al golpe de Estado. Para justificar su fallecimiento, el comando a cargo del general Carlos Guillermo Suárez Mason adujo que mientras lo trasladaban en un patrullero, esposado y acompañado por tres policías, Bombara había logrado abrir la puerta y tirarse al asfalto. Un día después, para no entregar su cadáver con signos de tortura, simularon que un grupo de "12 a 15 desconocidos" lo había robado de una ambulancia policial que lo trasladaba a la morgue. En apenas un mes, Madueño archivó la causa sin intentar identificar a los desconocidos de siempre. Ese fue su aporte al terrorismo de Estado previo al golpe. Ya en dictadura, en abril de 1976, una mujer secuestrada en el mismo raid que Bombara le contó que habían sido detenidos por civiles y luego torturados. Madueño hizo oídos sordos, la sobreseyó pero no investigó la denuncia por torturas ni reabrió la canallesca causa de la ambulancia. Mientras las Fuerzas Armadas se dedicaban a secuestrar, torturar, fusilar y desaparecer los cuerpos de sus víctimas… Madueño y sus secretarios se prestaron durante tres años a una parodia de juicio, por "infiltración ideológica marxista" en la Universidad Nacional del Sur, que un grupo de profesores padeció con años de humillaciones en las cárceles de la dictadura. Por estas razones el Centro de Estudios Legales y Sociales pidió su recusación en la causa por el secuestro de Claudia Poblete y su enjuiciamiento en el Consejo de la Magistratura. Madueño fue consultado para esta nota, pero una vez más informó que "tiene como norma hablar sólo por medio de sus fallos"…3
Y más cerca en el tiempo aparece el siguiente testimonio que demuestra el conocimiento directo que la Dra. Girotti tenía de las condiciones de detención durante la dictadura militar y la responsabilidad que por lo mismo le cabe como funcionaria:
"El Mono" Núñez: Un chofer de terror. Desde el 23 de junio hay un nuevo procesado en la causa "Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército", que tramita en el Juzgado Federal N° 1 la Secretaría de Derechos Humanos del dr. Mario Fernández Moreno. Se trata del "enlace" entre el Centro Clandestino de Detención La Escuelita (CCD) y la Unidad Penitenciaria, Leonardo "Mono" o 'Negro' Núñez: chofer de 53 años que hoy espera justicia en el Penal de Marcos Paz por ser "participe necesario" en los crímenes de lesa humanidad configurativos de Genocidio cometidos en la subzona 51.
"Niego haber participado en lo que se me acusa. No eran parte de mis facultades como oficial penitenciario", dijo, para romper el hielo ante el juez, el "Mono" Núñez -oficial adjutor en la Unidad Penal N° 4 desde el 20 de abril de 1975 hasta el 6 de diciembre de 1977-. Se le imputa: "Haber formado parte del plan criminal -clandestino e ilegal- implementado para secuestrar, torturar, asesinar y producir la desaparición de personas, utilizando la estructura orgánica de las fuerzas armadas y las de seguridad a ellas subordinadas -federales y provinciales-".
Acto seguido asumió haber trasladado desde La Escuelita o, en algunos casos, desde el Batallón de Comunicaciones a personas detenidas por la autoridad militar hasta la cárcel dado que "era oficial de traslado de detenidos tanto para la provincia, federales y -involuntariamente- para el Ejército".
"Llegué a Bahía Blanca a los 21 años de edad con el grado de subadjutor. Todo el tiempo que estuve en Bahía Blanca abogué y luché para que el Servicio Penitenciario sea algo natural de los juzgados competentes. Sí en una oportunidad, conversando con el jefe, le manifesté que no era legal o que no era parte de nuestra función tener detenidos en dos pabellones con guardias adicionales. Mi función como oficial de comparendo -que se denomina- fue siempre normal", contestó al consultársele por qué no denunció lo que estaba sucediendo.
Según Núñez, una vez en la cárcel, "la estructura era: llegábamos, Registro de Internos, medico del penal. Esas órdenes estaban archivadas en el Registro de Internos. Yo sé que esas órdenes no están rotas". Él manejaba un "camión celular, Mercedes Benz 608 color azul, con leyenda Servicio Penitenciario en las puertas". Cuando los traslados llegaban desde el Comando "me ha tocado ver desde Ford Falcon, Peugeot 504 y camioneta Ford doble cabina, la única que había en Bahía Blanca color amarillo".
"Los detenidos mencionados llegaban a la Unidad vendados y esposados. Los estados de salud de ellos eran relativos a sus momentos vividos y demás circunstancias. He recibido quebrado en su pierna, el cual fue trasladado a la enfermería", declaró. Al retirar los detenidos, "los esposábamos y les dejábamos la venda hasta llegar a la Unidad Penal, todo esto era porque los militares no querían que les sacáramos la venda donde se los levantaba".
Relató que la primera vez fue a buscar detenidos al "camino de la Carrindanga, pasando hotel Tú y Yo, quinientos metros, tranquera a mano izquierda. Ahí me recibió personal armado, me hicieron dar marcha atrás para la entrada, y ahí cargué mis primeros tres detenidos. Eran las siete de la tarde, más o menos; de noche. Entregados por personal militar. Del Batallón 181, en la oficina de guardia y finalmente, en el Puesto 25, donde me eran traídos en camioneta y los pasábamos al camión".
Para los traslados "había que ir primero al Departamento I a ver al coronel que no recuerdo su nombre, pelado, mendocino (luego diría que se trataba de Suaiter), y si no estaba él estaba Palmieri y, en su defecto, el teniente coronel Palau".
El magistrado entendió que no corresponde descartar la responsabilidad penal de Leonardo Núñez por ninguna de las privaciones ilegales de la libertad y tormentos de 13 personas en Bahía y ocho secuestrados en Viedma y Patagones, trasladados a las dependencias represivas locales pues todos ocurrieron mientras estaba en pleno ejercicio de su función.
Además, "hay elementos de convicción suficientes" para estimar que "participó en los hechos delictuales a los que éstas víctimas fueron sometidas, en algunos casos trasladándolos él mismo desde el CCD 'La Escuelita' a la UP4, en otros casos recibiéndolos en la UP4 cuando llegaban trasladados desde otras dependencias bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército".
"Tenían conocimiento" "No era mi función presentarme en los estrados judiciales para denunciar estos hechos, pero tengo conocimiento que jueces federales tenían conocimiento pleno de lo que pasaba en la Unidad 4 de Bahía Blanca porque en oportunidad de tener detenidos art. 189 bis, la Secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, la dra. Gloria Girotti, visitaba el pabellón de mujeres de la Unidad, porque tenían presas del juzgado ahí, y las iba a ver", declaró.
Finalmente, la defensa del "Mono" utilizó los mismos argumentos que Miraglia y Selaya, en primer término, destacando las inspecciones que realizaban autoridades judiciales -como "la secretaria del Juzgado N° 1 del dr. Madueño, dra. Gloria Girotti- que "lejos de justificar" su conducta "implicarían la responsabilidad penal de los funcionarios que, teniendo la obligación de denunciar las irregularidades en que incurría el Servicio Penitenciario en esta ciudad, no lo hicieron". Y además la intención de descargar "la responsabilidad penal de esos hechos exclusivamente en el personal del Departamento I Personal del Comando (…) para así procurar su desvinculación de los delitos de lesa humanidad cometidos".
Por ende, Canale procesó a Núñez por considerarlo partícipe necesario de delitos de privación ilegal de la libertad y tormentos, todos ellos de "lesa humanidad" y configurativos de Genocidio, y enviarlo a cumplir prisión preventiva en el Complejo Penitenciario Federal Nº 2 de Marcos Paz, con una responsabilidad civil de casi 15 millones de pesos.”4
Ante la presentación de un Juez de la Provincia, el Dr. Claudio Petris, como candidato a un puesto de igual jerarquía del que se concursa, ese Consejo tuvo oportunidad no hace mucho, y con la misma composición que el presente, de pronunciarse en el sentido de que no era apto para concursar.
Lo hizo ante la sospecha de que se encontraba involucrado en una causa, donde, en definitiva, se discutía respecto de cuestiones económicas.
Espero que la resolución que recaiga en el presente caso sea la misma, máxime que lo que se endilga a la abogada está vinculado a su actuación en las épocas más oscuras del país, donde los derechos humanos eran conculcados desde el propio Estado como ha quedado demostrado en innumerables expedientes judiciales.
La pregunta que me formulo es entonces, ¿siendo que la imagen del Poder Judicial de la Provincia del Chubut está tan deteriorada, es conveniente hacer ingresar a una persona con esos antecedentes? Por supuesto que no estoy propiciando que se elija como Camarista de la Ciudad de Puerto Madryn a alguien que no conozca el derecho, muy por el contrario, exijo que quien acceda a tan importante puesto conozca las leyes, la doctrina y la jurisprudencia imperante, pero además deseo para mi Provincia una persona íntegra políticamente y que se caracterice por una defensa de los intereses del pueblo por sobre todas las cosas y entiendo que la candidata impugnada no reúne esas características.
Para finalizar y de creerlo Uds. necesario ofrezco la declaración de testigos del accionar de la Dra. Girotti que corroborarán lo expuesto en esta presentación, como asimismo las causas judiciales mencionadas más arriba en donde consta la actuación de la referida profesional.

Saludo a Uds. muy atte.