Los especialistas
convocados para analizar las acciones que se deben realizar para sancionar a
los jóvenes que cometen un delito, inician su exposición realizando dos
aclaraciones ineludibles: afirman que “sólo uno de los 18 crímenes ocurridos en
la ciudad tuvo como victimario a un joven menor; “cuando un joven delinque hay
detrás un Estado ausente, y una familia que debía ser ayudada, cuidada por el
Estado y no lo fue”, y “cada caso es particular pero para hacer un buen
diagnóstico se necesita personal especializado”, indicó.
EN LA CALLE
El comisario
inspector, Omar Puley, jefe de la Policía de Km 8 considera que antes de
decidir que sanción aplicar se debe identificar los motivos por los que el
joven delinque, “pero es un trabajo que necesariamente se hace en el campo, en
la calle. Los casos demandan acciones diferentes según el caso. Precisamente
esto es lo que hoy no estamos debatiendo, porque es una tarea que demanda
compromiso de todos los organismos y decisiones políticas”, apuntó el
funcionario policial. Afirma que el ingreso del joven al sistema delictivo es gradual
por eso un trabajo preventivo requiere de medidas preventivas de parte de un
equipo que “detecte y derive”. Lo mismo se reclama desde la Oficina de Derechos
y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad. “Incluso se están retirando
los equipos de intervención social de algunos barrios y esto es un grave
error”, apuntaron.
LEYES QUE NO SE
CUMPLEN
Claudia Cesarini, especialista integrante del
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, autora del artículo
“10 motivos para no bajar la edad
de punibilidad penal a los 14 años”, afirma en ese texto que en materia de
jóvenes que delinquen no se trata de
sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen. En el caso de Chubut el capítulo de la Ley de
protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia III N° 21
-sancionada en Chubut hace más de 10 años-, que se refiere a las sanciones de
los jóvenes menores de edad que cometieron algún tipo de delito, se encuentra
suspendido. Lo que indica una vez más que los marcos legales fueron creados
pero rara vez se cumplen. En el mismo se establecen especificaciones sobre
cómo, cuándo y qué sanciones se deben aplicar. Entre otras cosas crea la figura
de un juez especializado en el tema, y una serie de medidas progresivas de
acuerdo a la gravedad del hecho. Va desde sanciones disciplinarias, cobros por
daño a la propiedad privada, trabajo comunitario, y un sistema que novedoso que
incluye la penalidad del encierro pero con conexión con el afuera en
instituciones educativas y recreativas. Nada de ello se cumple actualmente.
SIN GARANTIAS
Los especialistas y
funcionarios que intervienen en estos hechos consideran que el sistema debe
contemplar sanciones para quienes cometen un delito, acorde a la gravedad del
hecho. “Pero esto no sucede por ejemplo los chicos que robaron en una heladería
fueron los dos al Cose, en Trelew, no se corresponde con la gravedad de los
hechos, el encierro es la última medida pero además hablamos del encierro que
contempla le ley de Protección Integral que incluso un sistema de prevención
parcial donde se trabaja en la reinserción. Estamos haciendo todo al revés”,
apuntó Miryam Monasterolo de la Oficina de Derechos y Garantías. Por su parte,
Susana Díaz de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco agrega que si
bien han sido creado gran parte de los órganos que establece la ley III
N° 21, falta aún los juzgados en lo penal y contravencional de niños y
adolescentes. “Esto significa asegurar el debido proceso. Así como los adultos
tenemos derecho a un juicio justo, los niños y jóvenes, menores de edad, no lo
tienen. En lo penal se continúa aplicando la ley 22278 que permite a discrecionalidad de juez
para determinar penas para los jóvenes en conflicto con la ley, dejando a los chicos sin recaudos legales que
le permitan demostrar o no su inocencia, de la misma manera que tenemos los
adultos”. Esto debe considerar que los niños y jóvenes son “personas en
desarrollo”, dentro del marco del derecho constitucional y los tratados
internacionales suscriptos por Argentina. “No se puede combatir el delito
violando garantías constitucionales”, recalcó.
Las drogas un camino de ingreso al mundo
delictivo
Los especialistas afirman que al momento de
analizar la penalidad también se debe considerar que los chicos son el eslabón
más débil de los grupos delictivos y las
empresas criminales. “Siempre que está inmerso
en una situación violenta es porque alguien con más edad y con más poder lo ha
utilizado”.
En este marco el comisario Omar Puley, agrega
que un factor que se debe atender en este escenario es el consumo de drogas.
“La mayoría de los hechos delictivos en la zona de mi injerencia está vinculada
a este tema. Hablamos del consumo de todo tipo de drogas que nosotros vinculaos
a los delitos violentos que son una constante en el sector”, indicó el
funcionario. Luego detalló que se trata de violencia contra personas, que
termina en enfrentamientos entre patotas. Por eso indica que el trabajo de
prevención del consumo de drogas tiene un valor estratégico al momento de
prevenir. En este sentido valoró la tarea que se desarrolla en el Centro de Día
del barrio. “Es un trabajo silencioso y esforzado que requiere un equipo que se
dedique al trabajo de campo, que salga a buscar a los chicos, porque acá el
trabajo de sentarse en la oficina no va a solucionar el problema”, sentenció.
De la misma manera Monasterolo agregó que “vemos con preocupación la falta de
actividades sociorecreativas para los jóvenes. La oferta para ellos por ejemplo
de talleres es inexistente es una población que no tiene contención de otro
tipo”, afirmó.
Ubicación incorrecta para un centro de
orientación socioeducativa
Los especialistas consultados recuerdan que
el artículo de la ley III N° 21 (ex 4347) determina “medidas socioeducativas”,
con alto contenido pedagógico que van desde la amonestación severa hasta la
privación de la libertad en un establecimiento para adolescente. La ley aclara
que se recurre a la privación de la libertad como último recurso, por el mínimo
periodo necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su
problemática “Lamentablemente esto no ocurre,
los informes sobre el Centro de Orientación Socioeducativa muestran que
estos, implementados en la provincia, distan de ser los propuestos por la
Convención de los Derechos del Niño y
por las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia”, dijo
Susana Díaz de la Cátedra de Derechos Humanos, y recuerda que COSE de Trelew por ejemplo tiene una estructura
con celdas es decir que reproduce el
sistema carcelario. Los especialistas
sostienen que los centros de encierro como las cárceles son lugares donde las
muertes violentes y dudosas son una norma común. De hecho en el 2008 se
registraron 76 en todo el país, según el
Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Un caso reciente es
el cierre de un centro como consecuencia del intento de ahorcamiento de un niño
que era sometido
sexualmente por el responsable del lugar. Al
respecto Miryam Monasterolo recordó que el centro que se proyecta para
Comodoro, en Manantiales Bher posee por lo menos una ubicación incorrecta, una
opinión que fue avalada por otros profesionales que dieron un informe negativo
por ese motivo. Es que sostiene que los problemas de accesibilidad serán uno de
los factores que no permitirán el ingreso de ambulancias y profesionales.
Sostiene que no se trata de recluir a los jóvenes sino de integrarlos a la
comunidad. De la misma manera Díaz considera que un centro alejado de la zona
urbana: “Poco puede, así, contribuir a la inclusión social”.
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