11 jun. 2012

ESPECIALISTAS AFIRMAN LA CONTENCION DE JOVENES Y NIÑOS EN PROBLEMAS NO ESTA GARANTIZADA


Los especialistas convocados para analizar las acciones que se deben realizar para sancionar a los jóvenes que cometen un delito, inician su exposición realizando dos aclaraciones ineludibles: afirman que “sólo uno de los 18 crímenes ocurridos en la ciudad tuvo como victimario a un joven menor; “cuando un joven delinque hay detrás un Estado ausente, y una familia que debía ser ayudada, cuidada por el Estado y no lo fue”, y “cada caso es particular pero para hacer un buen diagnóstico se necesita personal especializado”, indicó.


EN LA CALLE

El comisario inspector, Omar Puley, jefe de la Policía de Km 8 considera que antes de decidir que sanción aplicar se debe identificar los motivos por los que el joven delinque, “pero es un trabajo que necesariamente se hace en el campo, en la calle. Los casos demandan acciones diferentes según el caso. Precisamente esto es lo que hoy no estamos debatiendo, porque es una tarea que demanda compromiso de todos los organismos y decisiones políticas”, apuntó el funcionario policial. Afirma que el ingreso del joven al sistema delictivo es gradual por eso un trabajo preventivo requiere de medidas preventivas de parte de un equipo que “detecte y derive”. Lo mismo se reclama desde la Oficina de Derechos y la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad. “Incluso se están retirando los equipos de intervención social de algunos barrios y esto es un grave error”, apuntaron.


LEYES QUE NO SE CUMPLEN

Claudia Cesarini, especialista integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, autora del artículo “10 motivos para no bajar la edad de punibilidad penal a los 14 años”, afirma en ese texto que en materia de jóvenes que delinquen no se trata de sancionar más leyes, sino de cumplir las que ya existen. En el caso de Chubut el capítulo de la Ley de protección Integral de la Niñez, la Adolescencia y la Familia III N° 21 -sancionada en Chubut hace más de 10 años-, que se refiere a las sanciones de los jóvenes menores de edad que cometieron algún tipo de delito, se encuentra suspendido. Lo que indica una vez más que los marcos legales fueron creados pero rara vez se cumplen. En el mismo se establecen especificaciones sobre cómo, cuándo y qué sanciones se deben aplicar. Entre otras cosas crea la figura de un juez especializado en el tema, y una serie de medidas progresivas de acuerdo a la gravedad del hecho. Va desde sanciones disciplinarias, cobros por daño a la propiedad privada, trabajo comunitario, y un sistema que novedoso que incluye la penalidad del encierro pero con conexión con el afuera en instituciones educativas y recreativas. Nada de ello se cumple actualmente.  

SIN GARANTIAS

Los especialistas y funcionarios que intervienen en estos hechos consideran que el sistema debe contemplar sanciones para quienes cometen un delito, acorde a la gravedad del hecho. “Pero esto no sucede por ejemplo los chicos que robaron en una heladería fueron los dos al Cose, en Trelew, no se corresponde con la gravedad de los hechos, el encierro es la última medida pero además hablamos del encierro que contempla le ley de Protección Integral que incluso un sistema de prevención parcial donde se trabaja en la reinserción. Estamos haciendo todo al revés”, apuntó Miryam Monasterolo de la Oficina de Derechos y Garantías. Por su parte, Susana Díaz de la cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco agrega que si  bien han sido creado gran parte de los órganos que establece la ley III N° 21, falta aún los juzgados en lo penal y contravencional de niños y adolescentes. “Esto significa asegurar el debido proceso. Así como los adultos tenemos derecho a un juicio justo, los niños y jóvenes, menores de edad, no lo tienen. En lo penal se continúa aplicando la ley  22278 que permite a discrecionalidad de juez para determinar penas para los jóvenes en conflicto con la ley,  dejando a los chicos sin recaudos legales que le permitan demostrar o no su inocencia, de la misma manera que tenemos los adultos”. Esto debe considerar que los niños y jóvenes son “personas en desarrollo”, dentro del marco del derecho constitucional y los tratados internacionales suscriptos por Argentina. “No se puede combatir el delito violando garantías constitucionales”, recalcó.

 

Las drogas un camino de ingreso al mundo delictivo


Los especialistas afirman que al momento de analizar la penalidad también se debe considerar que los chicos son el eslabón más débil de los grupos delictivos y las

empresas criminales. “Siempre que está inmerso en una situación violenta es porque alguien con más edad y con más poder lo ha utilizado”.

En este marco el comisario Omar Puley, agrega que un factor que se debe atender en este escenario es el consumo de drogas. “La mayoría de los hechos delictivos en la zona de mi injerencia está vinculada a este tema. Hablamos del consumo de todo tipo de drogas que nosotros vinculaos a los delitos violentos que son una constante en el sector”, indicó el funcionario. Luego detalló que se trata de violencia contra personas, que termina en enfrentamientos entre patotas. Por eso indica que el trabajo de prevención del consumo de drogas tiene un valor estratégico al momento de prevenir. En este sentido valoró la tarea que se desarrolla en el Centro de Día del barrio. “Es un trabajo silencioso y esforzado que requiere un equipo que se dedique al trabajo de campo, que salga a buscar a los chicos, porque acá el trabajo de sentarse en la oficina no va a solucionar el problema”, sentenció. De la misma manera Monasterolo agregó que “vemos con preocupación la falta de actividades sociorecreativas para los jóvenes. La oferta para ellos por ejemplo de talleres es inexistente es una población que no tiene contención de otro tipo”, afirmó.


Ubicación incorrecta para un centro de orientación socioeducativa



Los especialistas consultados recuerdan que el artículo de la ley III N° 21 (ex 4347) determina “medidas socioeducativas”, con alto contenido pedagógico que van desde la amonestación severa hasta la privación de la libertad en un establecimiento para adolescente. La ley aclara que se recurre a la privación de la libertad como último recurso, por el mínimo periodo necesario y a efectos de brindar al mismo un tratamiento acorde con su problemática “Lamentablemente esto no ocurre,  los informes sobre el Centro de Orientación Socioeducativa muestran que estos, implementados en la provincia, distan de ser los propuestos por la Convención  de los Derechos del Niño y por las leyes nacionales y provinciales de protección de la infancia”, dijo Susana Díaz de la Cátedra de Derechos Humanos, y recuerda que COSE  de Trelew por ejemplo tiene una estructura con  celdas es decir que reproduce el sistema carcelario.  Los especialistas sostienen que los centros de encierro como las cárceles son lugares donde las muertes violentes y dudosas son una norma común. De hecho en el 2008 se registraron 76  en todo el país, según el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Un caso reciente es el cierre de un centro como consecuencia del intento de ahorcamiento de un niño que era sometido

sexualmente por el responsable del lugar. Al respecto Miryam Monasterolo recordó que el centro que se proyecta para Comodoro, en Manantiales Bher posee por lo menos una ubicación incorrecta, una opinión que fue avalada por otros profesionales que dieron un informe negativo por ese motivo. Es que sostiene que los problemas de accesibilidad serán uno de los factores que no permitirán el ingreso de ambulancias y profesionales. Sostiene que no se trata de recluir a los jóvenes sino de integrarlos a la comunidad. De la misma manera Díaz considera que un centro alejado de la zona urbana: “Poco puede, así, contribuir a la inclusión social”.




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