La fiscal general Silvia Pereira afirmó que en "esta etapa procesal hay que ser cautelosos ya que con el grado de probabilidad resulta suficiente para elevar la causa a juicio oral y público". La afirmación la realizó tras la decisión de la jueza de elevar la causa a juicio.
Pereira dijo que la decisión de la jueza González la lleva a ser optimista respecto del trabajo realizado hasta el momento, aunque aclaró que "en un juicio oral y público donde nada más y nada menos está en juego la libertad de las personas imputadas, se necesita que los cargos tengan un grado de certeza".
PEDIDO DE PRISION
La oficina de prensa de la Fiscalía Pública de Rawson, por ahora no tiene fecha la realización de la audiencia que estará a cargo de un tribunal "unipersonal", teniendo en cuenta la pena solicitada por la fiscalía en la audiencia preliminar. Al respecto Pereira solicitó una pena de cuatro años de efectivo cumplimiento aunque existe la posibilidad de parámetros más leves que además pueden resultar excarcelables. El inicio del juicio oral y público –se cree que se realizará en Rawson- dependerá de las tareas de coordinación de la Oficina Judicial.
Cabe recordar que la denuncia fue realizada por los entonces diputados provinciales del radicalismo, Roberto Risso, Carlos Lorenzo y Marta Raso. Todos serán testigos de la Fiscalía. El listado de testigos de la parte acusadora y de las defensas de los cuatro imputados, es importante y en una próxima audiencia –de carácter administrativo- se dispondrá el orden en que declararán.
LA INVESTIGACION
La fiscal Pereira investiga un presunto caso de fraude a la administración pública mediante la entrega de dos créditos a la firma pesquera BarilLari, que se cree fueron otorgados de manera irregular por los cuatro funcionarios del Banco del Chubut S.A. pertenecientes a la anterior gestión en el gobierno del Chubut.
El total del dinero entregado a la empresa pesquera mediante dos créditos, asciende a 2.400.000 pesos y fue otorgado a esa firma de Comodoro Rivadavia, entre el 5 y el 18 de agosto del año 2008, en momentos en que la empresa atravesaba una situación financiera que luego desembocó en un concurso preventivo. En la investigación previa se hace alusión a un informe de riesgo del 11 de julio del 2008 donde se detallaba la situación económica de la firma Barilari.
Créditos
Durante la descripción de los hechos sobre la base de documentación recolectada hasta el momento, la fiscal Pereira entendió que "el otorgamiento de esa facilidades financieras violaron las normas reglamentarias y legales y con desatención de los riesgos crediticios que desaconsejaban dichas decisiones". Agrega que "los imputados, cada uno con el alcance de la intervención que les cupo en las autorizaciones del endeudamiento de Barilari, actuaron con violación a las normas internas del Banco y de la Ley de Entidades Financieras. Gestaron un proceso de desendeudamiento en la cuenta corriente bancaria N. 1812078/3 de titularidad de Barilari a efectos de generarle a éste un lucro indebido, obligando abusivamente los intereses patrimoniales del Banco a ellos confiados".
Para la fiscal, "se trató de un hecho complejo, materializados a través de diversas operaciones bancarias, todas ellas intencionalmente dirigidas a concretar una administración infiel del Banco, al que se colocó en situación de imposibilidad de recuperar los créditos ilegítimamente otorgados a Barilari, con el consiguiente perjuicio patrimonial".
Los defensores son: Fabián Gabalachis (representa a Ricci), Carlos Pericich (en representacion de Carlos Garcia, Marta Nercellas (Elva Raquel Fuertes) y Marcos Fragoza (defiende a Juan Laffeulliade).
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