28 nov. 2013

Judicializados: ayer declaró unos de los integrantes de la Agrupación Mosconi

MAÑANA A LAS 10 ATECH CONVOCA A CONCENTRARSE POR LA JUDICIALIZACION DE 3 DIRIGENTES

La jueza federal, Eva Parcio, tomó declaración indagatoria ayer a Jorge Muñoz, integrante de la agrupación Mosconi de ex ypefianos, hijos y nietos, en el marco de una medida de fuerza que habría afectado la libre circulación el 17 de julio de este año.

Delegados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores de la Educación regional Comodoro se solidarizaron ayer garantizando su presencia frente a las puertas del edificio judicial, y anunciaron que mañana se concentrarán en el mismo lugar a las 10, día en el que Carlos Magno, Eduardo Humeres y Daniel Murphy deberán presentarse por el mismo motivo ante las autoridades judiciales.  

La justicia imputó a Muñoz por la figura del entorpecimiento de servicios públicos, artículo 194 del Código Penal, que establece que será "reprimido con prisión de tres a dos años" "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas".

REIVINDICACION HISTORICA
Alrededor de las 10:30 ingresó Muñoz acompañado por la abogada, Verónica Heredia. Ante la jueza federal y el fiscal, se refirió a los hechos del 17 de julio. “Pero sobre todo me dedique al contexto, al motivo por el que llegamos a la situación de las medidas de fuerza, y explicamos porque estamos ante un proceso de reclamo por una reivindicación histórica a partir de la reestatización de YPF”, indicó Muñoz. En este marco hizo mención que en su declaración se refirió también al incumplimiento en el que incurrió el gobierno provincial, sobre acuerdos y compromisos asumidos. En este sentido se presentaron unas 50 copias de notas, documentos, proyectos y acuerdos  que dan cuenta del proceso de demandas y peticiones iniciadas en mayo de 2012, momento en el que se conformó el movimiento. “Denunciamos la falta de compromiso de parte del gobierno de cumplir con algo que firmó en este caso el presidente de Petrominera, Oscar Crettini. No se entregaron certificación, ni se terminó con el dictado del mismo que se haría hasta fin de año, se abrieron cuentas en el Banco que generaron deudas a los trabajadores, esto también quedó bien en claro”, indicó Muñoz.

LIBRE EXPRESION
Por su parte la abogada Heredia indicó que el proceso judicial demuestra que el estado “pareciera tener como única respuesta a los reclamos de las personas es el derecho penal, citando a indagatoria a una persona que forma parte de un grupo de muchas personas, y no es casualidad que en vez de citarse al conjunto se cita a una sola persona para invisibilizar de que esto se trata de un reclamo social”.  Argumentaron que el hecho por el que se lo judicializa tiene su origen en la privatización de YPF en los noventa, “a partir del reconocimiento de la presidenta, de este error, y del supuesto reconocimiento de este error histórico y la reparación histórica para los ciudadanos”.

En este marco la abogada sostuvo que “las conductas del señor Muñoz y de los integrantes del grupo forman parte del derecho constitucional y convencional a la Libre Expresión que esta garantizado constitucionalmente en el artículo 14.   El ejercicio de un derecho constitucional no puede traer aparejado un delito”.

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