MAÑANA A LAS
10 ATECH CONVOCA A CONCENTRARSE POR LA JUDICIALIZACION DE 3 DIRIGENTES
La jueza
federal, Eva Parcio, tomó declaración indagatoria ayer a Jorge Muñoz,
integrante de la agrupación Mosconi de ex ypefianos, hijos y nietos, en el
marco de una medida de fuerza que habría afectado la libre circulación el 17 de
julio de este año.
Delegados y dirigentes de la Asociación de Trabajadores
de la Educación regional Comodoro se solidarizaron ayer garantizando su
presencia frente a las puertas del edificio judicial, y anunciaron que mañana
se concentrarán en el mismo lugar a las 10, día en el que Carlos Magno, Eduardo
Humeres y Daniel Murphy deberán presentarse por el mismo motivo ante las
autoridades judiciales.
La justicia imputó a Muñoz por la
figura del entorpecimiento de servicios públicos, artículo 194 del Código
Penal, que establece que será "reprimido con prisión de tres a dos
años" "el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere,
estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por
tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de
agua, de electricidad o de sustancias energéticas".
REIVINDICACION
HISTORICA
Alrededor de
las 10:30 ingresó Muñoz acompañado por la abogada, Verónica Heredia. Ante la
jueza federal y el fiscal, se refirió a los hechos del 17 de julio. “Pero sobre
todo me dedique al contexto, al motivo por el que llegamos a la situación de
las medidas de fuerza, y explicamos porque estamos ante un proceso de reclamo
por una reivindicación histórica a partir de la reestatización de YPF”, indicó
Muñoz. En este marco hizo mención que en su declaración se refirió también al
incumplimiento en el que incurrió el gobierno provincial, sobre acuerdos y
compromisos asumidos. En este sentido se presentaron unas 50 copias de notas,
documentos, proyectos y acuerdos que dan
cuenta del proceso de demandas y peticiones iniciadas en mayo de 2012, momento
en el que se conformó el movimiento. “Denunciamos la falta de compromiso de
parte del gobierno de cumplir con algo que firmó en este caso el presidente de
Petrominera, Oscar Crettini. No se entregaron certificación, ni se terminó con
el dictado del mismo que se haría hasta fin de año, se abrieron cuentas en el
Banco que generaron deudas a los trabajadores, esto también quedó bien en
claro”, indicó Muñoz.
LIBRE
EXPRESION
Por su parte
la abogada Heredia indicó que el proceso judicial demuestra que el estado
“pareciera tener como única respuesta a los reclamos de las personas es el
derecho penal, citando a indagatoria a una persona que forma parte de un grupo
de muchas personas, y no es casualidad que en vez de citarse al conjunto se
cita a una sola persona para invisibilizar de que esto se trata de un reclamo
social”. Argumentaron que el hecho por
el que se lo judicializa tiene su origen en la privatización de YPF en los
noventa, “a partir del reconocimiento de la presidenta, de este error, y del
supuesto reconocimiento de este error histórico y la reparación histórica para
los ciudadanos”.
En este
marco la abogada sostuvo que “las conductas del señor Muñoz y de los
integrantes del grupo forman parte del derecho constitucional y convencional a
la Libre Expresión que esta garantizado constitucionalmente en el artículo
14. El ejercicio de un derecho
constitucional no puede traer aparejado un delito”.
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