EN EL MARCO DEL DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Organizaciones sociales e instituciones recuerdan hoy el
Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional. Denunciaron la
importante cantidad de casos de violencia policial en Chubut, pero indicaron
que la violencia institucional se ejerce ante cada incumplimiento del estado en
derechos elementales.
Roberto Llaiquel, del Grupo Pro Derecho de los Niños y Miryám
Monasterolo, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez,
Adolescencia y Familia, expresaron que en este día “es un imperativo para
superar esta dicotomía, instar a los poderes estatales para revisar todas las prácticas
reñidas con el efectivo ejercicio de los Derechos Humanos y alentar a todos los
ciudadanos y organizaciones sociales a no renunciar en la defensa de la
dignidad de todas y cada una de las personas”.
El documento presentado ayer cuenta con la adhesión del a
Cátedra Libre y Abierta de Derechos Humanos- Universidad Nacional de la
Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); José Luis Ronconi secretario Adjunto de la
Federación Judicial Argentina, Centro de Violencia Familiar y el Programa de
Capacitación contra el Abuso y el
Maltrato Infantil.
El documento plantea que las violaciones a los Derechos
Humanos, “son generadas y producidas por los Estados, en función de responder a
ideas de un capitalismo de mercado. El comportamiento violento por un lado y
por otro, omisiones de políticas públicas de protección de derechos hacia la
población no son más que los efectos de este núcleo de ideas.
VIOLENCIA POLICIAL
En conferencia de prensa realizada ayer al mediodía,
Monasterolo planteó que en Chubut es alarmante la cantidad de casos que
violencia institucional asociada a las prácticas policiales.
“Los chicos incluso son detenidos al salir de la escuela,
porque son familiares de o por portación de rostro, aun siendo que como
consecuencia del fallo de la Corte Interamericana de Justicia por el caso de
Iván Torres, la policía no debe detener por averiguación de antecedentes”.
Recordó que la policía debe informar a la Oficina cada vez que detiene a un
joven menor de 18 años, sin embargo, esto no ocurre.
Mientras Llaiquel recordó que prácticas como estas han
dejado saldos gravísimos en la historia reciente de la provincia.
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
Las organizaciones denunciaron que paralelo a esto,
existen otros ejemplos donde la violencia institucional es asumida como criminalización
de la protesta social. Así se refirieron a la represión a los docentes en
Neuquén, y como símbolo el asesinato del docente Carlos Fuentealba.
En la actualidad, -sostuvieron- en la provincia del
Chubut se “persigue y procesa penalmente
a los docentes Carlos Magno, Eduardo Humeres y Daniel Murphy y el procesamiento
del ex ypefiano Jorge Muñoz, son claros intentos de resolver las cuestiones
sociales con metodologías de tipo penal”.
Afirmaron además que así se desconoce también a cientos
de familias involucradas, entre ellos niños, niñas y adolescentes y sus
derechos, y se “invisibilizan de las normativas especiales comprometidas por el
Estado para estos actores. Entre las mismas podríamos enumerar el Art 75 inc.
22 y 23 de la Constitución Nacional, la Ley Nacional N° 26.061; la Ley
Provincial III N° 21 de Niñez, Adolescencia y Familia, el Art. 38 de la Carta
Orgánica Municipal referido a Niñez, Juventud y Deportes”.
Crecen los casos de violencia policial en Chubut
El Grupo Pro Derecho de los Niños
y la Oficina de Derechos y Garantías de
la Niñez, Adolescencia y Familia manifestaron su preocupación por el incremento
de casos de violencia policial en Chubut.
Mencionaron los casos en la
historia reciente y en la actualidad. Mencionaron la detención y desaparición
de Iván Torres en la Seccional 1º de Comodoro Rivadavia, con sanción hacia el
Estado Argentino por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
además de la detención y asesinato de Julián Antillanca estando involucrados
miembros de la fuerza de seguridad provincial en la ciudad de Trelew. Sumó
además la agresión policial contra los hermanos Sergio y Denis Aballay y su
posterior “fusilamiento” al conocerse las condenas a los policías involucrados.
El caso reciente de la desaparición forzosa de César Monsalve y ahora la muerte
de Diego Leandro Escobar en la Seccional Séptima de Comodoro. Casos de
vejámenes y abuso policial, algunos incorporados en el “Banco de Datos de casos
de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes” que
instrumenta la Defensoría General de la Provincia, “nos demuestran que las “malas prácticas” ejercidas
por la policía se encuentran naturalizadas al interior de la institución y no
son el accionar aislado de un agente, especialmente los puñetazos, las patadas,
los simulacros de fusilamiento, las amenazas e insultos”, indicó el abogado
especializado en Derechos Humanos Roberto Llaiquel.
Cabe acotar que en Trelew el subsecretario de Justicia de
Chubut, Rodrigo García Palumbo, confirmó la apertura de investigaciones por
casos de violencia policial en Trelew, y se resolvió separar de sus cargos a los dos jefes policiales y cinco policias a cargo del operativo desarrollado en el barrio Inta
de Trelew. El hecho ocurrió la madrugada del sábado 3 de mayo cuando efectivos policiales que circulaban por el Barrio
Inta de Trelew dando cumplimiento al método de cuadrículas, terminaron
golpeando salvajemente a cuatro personas de una familia de ese barrio, tres de
ellas menores de 10, 14 y 17 años, denunció la Comisión contra la Impunidad y
la Violencia. Sostienen que “la salvaje golpiza propinada hizo que estas
personas terminaran con heridas de consideración, uno de ellos con la dentadura
totalmente destrozada y en estado de inconsciencia, el menor de 14 años”.
El
Ministerio Público Fiscal de Trelew recibió al menos 13 denuncias. Todas las acusaciones
fueron contra personal de la Seccional Tercera.
En
ese contexto, la jefatura de la Policía del Chubut desplazó a los jefes de esa
comisaria, Ángel Vargas y Rubén Basani. Estos fueron reemplazados por los comisarios
Fabián Meneses y Gustavo Sánchez. Además fueron pasados a disponibilidad otros
cinco policías, quienes son investigados por la Fiscalía.
